La justicia rusa ha dado este miércoles el golpe definitivo a las organizaciones vinculadas al líder opositor Alexéi Navalni. Un juez de Moscú ha declarado “extremistas” a su Fundación Anticorrupción (FBK) y al movimiento político vinculado al disidente, que cumple pena de cárcel por otro caso. La etiqueta, de aplicación inmediata, no solo prohíbe estas entidades y fulmina las esperanzas de sus miembros de participar como candidatos independientes en las próximas elecciones parlamentarias de septiembre; también, y acompañada de un nuevo marco legal más represor aprobado en los últimos meses y diseñado casi a medida, abre la vía para la enésima y más dura persecución judicial contra los aliados de Navalni, los empleados de sus organizaciones, sus simpatizantes activos y hasta sus donantes. Pueden enfrentarse ahora a penas de más de una década en prisión y cuantiosas multas. El abogado principal del caso, Ivan Pavlov, ha anunciado que recurrirán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Con Navalni entre rejas, condenado a dos años y ocho meses por vulnerar los términos de la libertad condicional de un caso antiguo –y polémico— mientras estaba en Alemania recuperándose del gravísimo envenenamiento que sufrió el pasado verano en Siberia y tras el que Occidente ve la mano del Kremlin, las autoridades rusas se han afanado por erradicar a sus aliados, perseguir y disuadir a sus partidarios y fulminar a cualquier voz disidente y opositora –política, social o mediática— antes de las cruciales elecciones legislativas de septiembre.
Navalni, el crítico más feroz contra el Kremlin, y sus aliados denuncian que el proceso que liquida sus organizaciones tiene como objetivo silenciarles y borrarles del mapa político ruso. Pese a eso, ha recalcado el opositor este miércoles en una publicación en Instagram enviada a través de su equipo desde prisión, su lucha por otra Rusia seguirá ahí, activa. “No somos un nombre, ni un trozo de papel, ni una oficina. Somos un grupo de personas que unimos y organizamos a los ciudadanos de Rusia que están en contra de la corrupción, por lograr unos tribunales justos e igualdad de todos ante la ley. Hay millones de ellos”, dicho el disidente, “y no iremos a ninguna parte”.
Navalni, uno de los enemigos políticos más visibles del presidente ruso, Vladímir Putin, jamás logró registrar un partido político, pero a través de su fundación y de las potentes y mediáticas investigaciones sobre la corrupción de la élite política y económica rusa sí tejió una malla de oficinas y delegaciones, inédita en la ‘democracia controlada’ rusa y muy activa en la política local que ha conseguido impulsar protestas multitudinarias contra el Kremlin. Acorralados, el plan de muchos de los aliados de Navalni pasó a ser el activismo independiente. Algunos, como su número dos Lybov Sobol, aspiraban a presentarse como independientes en las parlamentarias de otoño.
La decisión de este miércoles de declarar “extremistas” a estas organizaciones, y que ha llegado tras más de 12 horas de vista que se ha prolongado hasta bien entrada la noche, implica su total ilegalización. Aunque en previsión, y ante el temor a nuevos procesos —y después de que la Fiscalía suspendiera de forma cautelar sus operaciones—, los aliados de Navalni decidieron a finales de abril cerrar la fundación (creada en 2011), que ya había sido declarada “agente extranjero” el año pasado —otra traba legal y económica para operar—. También clausurar las oficinas que el movimiento político vinculado al opositor había forjado en más de 40 ciudades de Rusia; desde Vladivostok hasta Kaliningrado.
