Ayer, 11 de agosto, se reveló una alarmante situación que involucra a 85 proveedores de Altán, la empresa encargada de la red compartida mediante una Asociación Público-Privada creada a finales de 2016 y que actualmente opera como propiedad estatal. Esta empresa enfrenta una crisis significativa: está en deuda con sus proveedores de equipo e infraestructura por alrededor de 500 millones de pesos, un monto que no ha sido saldado desde noviembre de 2024.
Los proveedores están en una desesperante situación y han comenzado a considerar la posibilidad de interrumpir la conectividad de más de 2,000 radio bases. Esta realidad difiere drásticamente de las promesas de estabilidad financiera y operativa que realizaba Carlos Lerma, quien se desempeñaba como CEO de Altán. Lerma y otros directivos de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE TEIT) aseguraron a la presidenta Claudia Sheinbaum que Altán sería un pilar fundamental en la política de telecomunicaciones de su administración.
Es preocupante observar que los pagos a los proveedores cesaron un mes después de que CFE TEIT y Altán notificaran al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) sobre la concentración de activos. Este movimiento ocurrió después de que CFE TEIT iniciara una estrategia para adquirir la deuda de Altán con acreedores a un notable descuento del 90% sobre el valor original. La priorización de los acreedores ha dejado a los proveedores en un estado crítico, con pagos ausentes durante casi diez meses.
Adicionalmente, persisten cuestionamientos sobre el número real de usuarios que los operadores móviles virtuales (OMV) tienen bajo la capacidad contratada con Altán. Esta incertidumbre fue levantada nuevamente por el IFT, el cual indicó durante el último mes que el número de usuarios reportados por Bait, un OMV de Walmart, era considerablemente inferior al que la propia empresa divulgaba.
En este contexto, han surgido rumores no confirmados de que AT&T ha contratado a un asesor financiero para explorar la posible venta de sus operaciones en México. Este escenario generaría más inquietudes sobre la viabilidad del sector de telecomunicaciones en el país, ya que se menciona que las redes móviles estatales, bajo un nuevo marco legal, recibirán un respaldo regulatorio que podría desencadenar nuevas reclamaciones por parte del gobierno de los Estados Unidos.
Es crucial que alguien con conocimientos sólidos en operación de redes móviles dialogue con la presidenta Sheinbaum para proporcionarle un panorama claro de los desafíos financieros que enfrentan CFE TEIT y Altán. De esta manera, se pueden establecer metas realistas y comprender los costos asociados a su cumplimiento.
La información proporcionada refleja la situación al 12 de agosto de 2025 y, aunque no se han presentado actualizaciones inmediatas desde entonces, el contexto apunta a una necesidad urgente de solución dentro del sector de telecomunicaciones en México.
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