A una semana de la consulta ciudadana para dirimir el futuro de Andrés Manuel López Obrador, el resultado a favor de la continuidad del mandatario parece más que descontado en México. La pregunta en el aire, la pugna entre la oposición y el oficialismo, está centrada en las cifras de participación, el verdadero caballo de batalla el próximo 10 abril, para poder capitalizar políticamente los resultados, bien como un pinchazo o como un espaldarazo al presidente durante estos tres años de ejercicio.
El carácter vinculante del plebiscito también parece lejos, toda vez que la ley impone un umbral del 40%, un listón alto incluso para una cita electoral convencional. Más aún con la estrategia de la oposición de promover activamente la desmovilización ante la cita. Las previsiones de participación que manejan desde Morena son una horquilla amplia. Desde el 25% entre los más optimistas al 10% entre los más cautelosos. Caer por debajo de ese suelo lo considerarían un toque de atención.
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La oposición ha considerado desde el comienzo la iniciativa, propuesta por el propio presidente, como una promesa de campaña cumplida, una jugada a mediada para López Obrador, un acto de propaganda y exhibición de músculo en un momento, además, en que sus índices de aprobación han vuelto a crecer a cotas de principios del sexenio. Según una encuesta de SIMO realizada recientemente para Columna Digital, la popularidad del mandatario sigue rondando el 60%. Una amplísima mayoría, un 74%, está de acuerdo además con que López Obrador agote su mandato y rechaza que deje su cargo antes de las elecciones de 2024.
El propio presidente criticó la postura abstencionista de la oposición anunciada ya en verano del año pasado por la organización civil y empresarial Sí por México, artífice de la inédita coalición opositora entre PAN, PRI y PRD. El último en pronunciarse ha sido el líder panista Ricardo Anaya, que esta semana hablaba expresamente de “hacer el vacío” a la consulta de López Obrador.
El 10% como suelo fijado por parte del entorno de Morena es una estimación, teniendo en cuenta la referencia de las más de 11 millones de firmas presentadas ante al Instituto Nacional Electoral (INE) como requisito legal previo a activar la consulta. “Si quedamos por debajo de esa cifra, difícilmente podríamos estar orgullosos”, apunta Antonio Attolini, miembro de la organización civil que promueve la consulta y exfuncionario del Gobierno morenista.
Los plebiscitos han sido una de las herramientas favoritas de Andrés Manuel López Obrador. “Vamos a preguntarle a los mexicanos”, ha repetido el presidente para temas tan diversos como la construcción dos trenes, una refinería, la viabilidad de 10 programas sociales o la marcha atrás de un nuevo aeropuerto. Todos ellos fueron en todo caso consultas informales, organizadas por fuera del paraguas de la ley.
La consulta del 1 de agosto para abrir una posible investigación a los expresidentes mexicanos fue la primera realizada al amparo de la legislación, fruto de una reforma constitucional lanzada por el Ejecutivo. La cita del 10 de abril será la segunda ocasión en que se pone en marcha una consulta vinculante con el umbral del 40% del censo, lo que equivale a unos 37,5 millones de votantes. El precedente del año pasado apenas alcanzó el 8%.
Desde la organización promotora justifican su prudencia con las previsiones de participación, apuntando al INE casi como el verdadero rival a batir. La convocatoria y organización de la revocación de mandato fue ya el escenario de una escalada inédita de la tensión en el enfrentamiento de largo recorrido entre Gobierno y las autoridades electorales. El choque llevó a activar incluso los resortes de los grandes poderes del país. Incluida una denuncia penal ante la Fiscalía por parte de Morena y dos fallos casi consecutivos de la Suprema Corte y el Tribunal Electoral. Los tribunales entraron en escena para corregir una primera decisión del INE que aplazaba la consulta para la revocación de mandato por falta de presupuesto.
Finalmente, el órgano electoral desplegará en torno a 60.000 casillas por el territorio nacional. Lo que representa casi una tercera parte de las disponibles en las últimas elecciones parlamentarias del año pasado. En aquellos comicios, la participación superó el 50%, una cifra por encima de la media. El entorno de Morena también apunta como escollo a la rígida veda electoral impuesta por el INE, que impide a los funcionarios gubernamentales, los impulsores en última instancia de la iniciativa, a lanzar cualquier tipo de mensaje que pueda ser considerado de campaña.
Los requisitos legales establecen que para que el resultado sea vinculante ha de registrarse una participación de, al menos, el 40% del padrón electoral. Un umbral muy alto, comparado con la participación, por ejemplo, de las últimas elecciones intermedias que, con un 50%, fue de las más altas de la historia reciente de México.
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