A finales de octubre se aproxima el vencimiento del plazo establecido por Donald Trump para que México aborde una serie de demandas complejas. La pregunta que muchos se hacen es: ¿será posible resolver en tres meses un conjunto de solicitudes que se considera más intrincado que los pliegos de la CNTE?
Estados Unidos ha hecho saber que espera respuestas de México en una variedad de cuestiones, que abarcan desde el funcionamiento de las aduanas hasta los obstáculos para la inversión en energía. Entre las áreas que inquietan a la Casa Blanca están los registros de medicinas y equipos médicos en Cofepris, el uso de glifosato en la producción agroalimentaria, y la regulación de cultivos de algodón genéticamente modificados. También se reclama una revisión de la protección de las denominaciones de origen pactadas con la Unión Europea.
Adicionalmente, hay preocupaciones relacionadas con el entorno equitativo para las empresas estadounidenses de servicios de pago, así como la garantía de competencia en telecomunicaciones tras la desaparición del IFT. No menos importante es la revisión del monopolio estatal sobre el litio y una mayor apertura para las inversiones en el sector minero.
Resolver todos estos temas parece una tarea monumental. Algunos de los puntos pueden requerir simplemente una mejor comunicación sobre lo que se está haciendo, mientras que otros podrían demandar cambios en el personal o inversiones para acelerar ciertos procesos.
El informe de 397 páginas emitido por el Representante Comercial de la Casa Blanca aporta un panorama general de los agravios que el mundo inflige a Estados Unidos, pero la sección dedicada a México, aunque breve, deja claro que los reclamos son contundentes. El tono del documento es directo y, en ocasiones, lapidario. Por ejemplo, inicia destacando que “México continúa entregando información insuficiente de los cambios de procedimientos”, indicando que hay falta de claridad en los requisitos en diferentes puntos fronterizos.
El retraso en los registros sanitarios puede llegar a ser de 18 a 24 meses, lo que causa demoras significativas, incluso en productos que ya están aprobados por la FDA. Esto plantea un reto considerable, especialmente para los proveedores de servicios de pago electrónico, quienes enfrentan restricciones para ofrecer una gama completa de servicios debido a un marco legal que limita su operación.
Son muchos los puntos que deben ser atendidos en un lapso tan corto. Cada cuestión podría potencialmente desencadenar un conflicto, dado que el entorno se torna cada vez más tenso. El equipo negociador encabezado por el Secretario de Economía debe lidiar con la presión externa de un socio comercial que adopta posturas proteccionistas, así como con la complejidad interna de un gobierno federal que no siempre está alineado ni tiene la capacidad necesaria para abordar estos retos.
Las exigencias del informe del USTR representan solo una parte de un rompecabezas más amplio que involucra temas de seguridad, lucha contra cárteles y aspectos geopolíticos que también son prioritarios en la agenda bilateral.
En resumen, la situación se presenta desafiante y será crucial monitorear cómo se desarrollarán los acontecimientos en los próximos meses. En un mundo donde las relaciones comerciales son cada vez más complejas y vulnerables, estos diálogos se vuelven esenciales para la estabilidad económica y política de ambos países.
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