La vivienda se distancia de la gente.

En la Ciudad de México, la gentrificación se ha convertido en un tema candente, especialmente tras la reciente marcha que clamó por el derecho a un hábitat digno. La protesta ha despertado una reflexión crítica sobre la desigualdad territorial que asola a la capital, centrando el debate en la capacidad de crecimiento de la urbe sin dejar atrás a sus ciudadanos.

Silvia Emanuelli, coordinadora de la Coalición Internacional para el Hábitat en América Latina, destaca que estas manifestaciones son un reflejo de la molestia de los ciudadanos frente a la creciente desigualdad, evidente en el mercado habitacional que presenta la ciudad. Emanuelli enfatiza una verdad dolorosa: la realidad no es equitativa, y complicaciones estructurales han marginado a aquellos con menos recursos.

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De acuerdo con cifras recientes, el costo promedio de una vivienda en la capital ha alcanzado los 3,866,210 pesos en el primer trimestre de 2025. Esta cifra implica que, para permitir la compra de una casa a través de un crédito hipotecario a 20 años, un individuo necesitaría un ingreso mensual de más de 100,000 pesos. Se estima que solo el 8% de los habitantes de la Ciudad de México tiene la capacidad de costear aproximadamente el 85% de los inmuebles disponibles.

Alejandro Encinas, secretario de Planeación, ha señalado la aceleración de la especulación inmobiliaria, manifestando que esta dinámica negativa se ha visto alimentada por la ausencia de políticas habitacionales efectivas que faciliten el acceso a viviendas asequibles. “No hemos abordado el fenómeno de la gentrificación de manera adecuada”, afirmó, subrayando la necesidad de evitar fenómenos socio-culturales que conducen a la xenofobia en una ciudad que siempre ha sido un emblema de diversidad.

La Constitución Política de la Ciudad de México reconoce el derecho a la ciudad y la justicia territorial, conceptos que parecen fallar en su implementación para la mayoría de los ciudadanos. Pablo Yanes Rizo, titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, apunta que la desigualdad en el acceso a vivienda es un punto crucial que desencadena otras injusticias sociales. Esta disparidad se vuelve más evidente al observar las diferencias en indicadores de salud y calidad de vida entre diversas alcaldías, como Benito Juárez, donde la esperanza de vida es de 72.89 años frente a Iztapalapa, con apenas 63.28 años.

En este contexto, la mercantilización del suelo es señalada como uno de los principales factores detrás de la crisis habitacional en la capital. La escasez de terrenos disponibles ha hecho que las decisiones sobre construcción y urbanismo estén marcadas por el valor del suelo. Yanes Rizo sugiere la necesidad de una economía política más equitativa en la planificación urbanística de la ciudad, promoviendo un crecimiento vertical que aproveche mejor el limitado espacio.

Emanuelli complementa esta idea, indicando que es imperativo contar con voluntad política para implementar cambios que permitan gravar el suelo ocioso y fomentar la expropiación de terrenos subutilizados. Estos cambios son cruciales para hacer de la Ciudad de México un lugar más accesible y equitativo para sus habitantes.

Las voces de quienes marcharon pidiendo un cambio son un eco de la urgencia que enfrenta la capital: es momento de abordar la desigualdad habitacional con estrategias claras y efectivas. Con un tejido social cada vez más fracturado, la necesidad de replantear cómo se concibe y se accede a la vivienda en la Ciudad de México nunca ha sido más evidente.

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