Las dificultades continúan sin soluciones efectivas.

Las críticas hacia las políticas del gobierno mexicano, particularmente bajo la administración de Morena, han sido constantes y consistentes en los últimos años. Un examen detallado revela que los puntos antes mencionados no solo fueron atinados, sino que su persistencia resalta una preocupante falta de acción.

A principios de enero, se alertó acerca de la falta de efectividad del plan México destinado a reactivar el crecimiento económico. Hasta la fecha, el gobierno ha seguido anunciamiento acuerdos y planes que, lamentablemente, no han mostrado resultados concretos. La economía presenta un estancamiento palpable, con una inversión en declive hasta septiembre, la última cifra conocida. En marzo, se describía la situación del país como un rumbo hacia la mediocridad, justo en un momento en que podrían haberse capitalizado oportunidades como la relocalización de industrias. Sin embargo, este tema ha quedado sin atención en el discurso oficial.

Los datos son claros: en los siete años de gobierno de Morena, el crecimiento económico ha sido menor al observado en los cinco sexenios previos y ha quedado por debajo de la mayoría de las naciones del continente. Este estancamiento es el resultado de problemas que el gobierno ha generado, desalentando la inversión productiva por medio de la incertidumbre. Hay un foco rojo evidente: parece que la administración se prioriza a sí misma, buscando mantener la popularidad en lugar de atender las necesidades económicas del país.

Desde marzo, la precariedad de las finanzas públicas ha sido otro tema recurrente, ya que se ignoran sectores esenciales como salud, educación y seguridad. La acumulación de deuda pública es alarmante, y la presencia de riesgos fiscales se ha incrementado. En agosto, se subrayó que la reducción de la pobreza ha venido acompañada de un sacrificio en la inversión en capital humano, lo que podría tener repercusiones duraderas.

Las críticas también se han dirigido hacia el nuevo enfoque regulador, el cual parece priorizar la simplicidad y digitalización en detrimento de la transparencia y los contrapesos necesarios para un gobierno eficaz. En julio, se argumentó que enfrentar el problema de la gentrificación desde una perspectiva populista no aborda correctamente el fondo del asunto, desaprovechando así las oportunidades y beneficios que podrían derivarse del fenómeno.

Las pequeñas y medianas empresas (MiPyMES) sienten los efectos de una política económica que ha aumentado los costos laborales. Incrementos en el salario mínimo, el aumento en días de vacaciones y contribuciones a la seguridad social han encarecido el trabajo formal. La próxima reducción de la semana laboral a un máximo de 40 horas, aunque gradual, representa un reto adicional para estos negocios, cuyo fortalecimiento es crucial para la economía formal.

El panorama es sombrío: desde febrero, la contribución de la economía formal al Producto Interno Bruto (PIB) ha crecido del 22.8% al 25.4%, mientras que el trabajo informal ha aumentado y el empleo formal ha disminuido. El aumento salarial decretado en un contexto de declive en la productividad solo ha generado preocupación; muchos consideran que este enfoque solo es un “deseo” que previo a generar efectos positivos, coloca la consecuencia antes de la causa.

En ausencia de cambios fundamentales, se prevé que la economía continúe “estable” únicamente mientras las finanzas públicas lo permitan, sin aprovechar las oportunidades que la cercanía con Norteamérica podría ofrecer. La falta de acción en temas críticos para el país podría llevarlo a un estancamiento prolongado que tendrá consecuencias significativas en el futuro.

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