Al menos 87 personas detenidas durante las manifestaciones tras la reelección de Nicolás Maduro en las controvertidas elecciones presidenciales de 2024 han sido excarceladas en un reciente movimiento que las oenegés consideran positivo, aunque insuficiente. Desde la victoria del candidato oficialista, Edmundo González Urrutia, respaldado por la líder opositora María Corina Machado, el país ha estado sumido en un clamor de protesta que resultó en 28 muertes y 2,400 arrestos. La oposición, que acusa al gobierno de fraude electoral, ha visto en las recientes excarcelaciones un paso, aunque limitado, hacia la reivindicación de los derechos humanos en Venezuela.
El 1º de enero de 2026, se reportó que madres y familiares de los liberados compartieron la noticia en las redes sociales, destacando que muchos de los excarcelados provienen de la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua. Sin embargo, el Comité de Madres en Defensa de la Verdad aclaró que estas personas no cuentan con libertades plenas, ya que sus casos continúan en juicio y están bajo medidas cautelares. Este mismo comité, junto a otros grupos de derechos humanos, ha hecho un llamado a la implementación de una Amnistía General que asegure la libertad plena de todos los detenidos arbitrariamente.
Este flujo de excarcelaciones se produce en un contexto de creciente presión internacional contra el gobierno de Maduro. Desde agosto de 2025, Estados Unidos ha movilizado tropas en el Caribe y ha implementado medidas más estrictas, incluyendo un cierre informal del espacio aéreo venezolano y la incautación de buques petroleros sancionados en aguas cercanas a Venezuela.
Un antecedente significativo ocurrido el 25 de diciembre de 2025 fue la excarcelación de un grupo de 99 detenidos, aunque solo 61 de estos casos fueron verificados por organizaciones como Foro Penal. A pesar de estas liberaciones, la situación sigue siendo crítica, con más de 700 personas todavía bajo arresto por motivos políticos.
La cárcel de Tocorón, hoy un símbolo del poder del Tren de Aragua, fue clausurada en 2023 y reabierta un año después como centro de detención para muchos de los arrestados en las protestas poselectorales. Un informe de la ONU alerta sobre el recrudecimiento de la persecución política en los últimos meses, lo que contrasta con las recientes excarcelaciones. En las últimas semanas, se han producido nuevos arrestos, destacándose la detención del líder sindical José Elías Torres y del director de un portal de noticias, Nicmer Evans, cuyas familias denuncian desapariciones forzadas.
Las organizaciones de derechos humanos advierten que estas liberaciones pueden ser vistas como una estrategia de “puerta giratoria”, donde algunos son excarcelados mientras otros son arrestados, lo que perpetúa un ciclo de represión. González Urrutia, desde el exilio en España, ha calificado a estos detenidos como “rehenes”, utilizados por el régimen para enviar mensajes de control y disciplina a la sociedad.
En resumen, aunque las recientes excarcelaciones sugieren un cambio en la dinámica del régimen de Maduro, el desafío de la detención arbitraria y la represión política en Venezuela aún persiste, exigiendo un compromiso más contundente hacia la defensa de los derechos humanos y la justicia.
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