Durante el primer año de mandato de Claudia Sheinbaum, del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2025, la paraestatal Pemex enfrentó un alarmante registro de 9,520 piquetes en sus ductos, que transportan combustibles por todo México. Este fenómeno, conocido como huachicol, se atribuye principalmente a bandas delictivas que operan en estados como Hidalgo, Jalisco y Guanajuato. Aunque el gobierno se concentró en desmantelar redes de contrabando, el robo de gasolina se mantuvo como una de las fuentes de ingreso más lucrativas para el crimen organizado, superando incluso al tráfico de drogas en importancia, según datos del Gobierno de Estados Unidos.
El problema se ha intensificado a lo largo de más de una década, con un panorama que incluye constantes enfrentamientos entre ladrones y fuerzas de seguridad. A pesar de que algunas regiones, como Tamaulipas y Puebla, han visto mejoras en la contención del robo, Hidalgo continúa siendo un epicentro de esta problemática. Desde que el partido Morena asumió el poder en 2018, la entidad ha liderado las estadisticas de piquetes, contabilizando en 2022 un alarmante 40% del total nacional, con 5,779 incidentes.
En contraste, el primer año de Sheinbaum ha mostrado una disminución en la cantidad de robos, con 1,300 menos que en el período anterior y la cifra más baja desde 2016. Sin embargo, 9,520 tomas siguen representando un desafío significativo. Hidalgo se posiciona como el estado más afectado con 2,463 piquetes, seguido por Jalisco (1,757) y Guanajuato (más de 1,500). Estas tres entidades concentran más de la mitad de los incidentes en todo el país.
El impacto económico del huachicol es considerable. En el primer año de Sheinbaum, el valor del combustible robado alcanzó los 25,702 millones de pesos, equivalentes a aproximadamente 1,500 millones de dólares, superando las pérdidas del año anterior. Además, los gastos de Pemex para sellar los piquetes han llegado a cientos de millones de pesos cada año, con 227 millones solamente entre enero y abril de 2025.
Hidalgo es un foco crucial en esta lucha, caracterizado por la presencia de infraestructuras clave, como refinerías y petroquímicos. El complejo entorno geográfico facilita el trabajo de bandas que se han instalado en zonas como Cuautepec, Tulantepec, Singuilucan y Tepeapulco, que, juntas, acumulaban hasta septiembre un total de 772 piquetes. Esta realidad se complica aún más por la falta de protección en diversas tuberías, que son vulnerables a la actividad criminal.
Los circuitos de huachicol en Hidalgo son evidentes, con otros focos de actividad alrededor de la refinería de Tula, que ha registrado desgraciadamente piquetes en localidades como Nopala y Tlaxcoapan, entre otras. Mientras las autoridades buscan desmantelar a los grupos delictivos, muchos de sus líderes han encontrado formas de operar incluso en el ámbito político local.
La saturación de la delincuencia en estas áreas no es casualidad; el Ejército mexicano ha estado monitoreando a cabecillas criminales en estas rutas, algunos de los cuales han alcanzado notoriedad política, dificultando aún más la lucha contra el robo de combustibles. A medida que el gobierno refuerza sus esfuerzos, la complicada red de contrabando y las condiciones favorables para el robo siguen siendo desafíos persistentes que requerirán medidas más efectivas para ser erradicados.
Con este contexto en mente, continúa siendo crucial seguir la evolución de esta problemática, que no solo afecta la economía nacional, sino también la seguridad y bienestar de las comunidades involucradas.
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