María prefiere no dar su apellido. Tiene 84 años. Lleva 60 de ellos en el Reino Unido. Muchos más que en Asturias, su tierra natal. Se lanzó a la aventura de la inmigración, acabó casada con un inglés. Arrastra su carrito en la fila de un Savers de Londres, una popular cadena de productos de limpieza y perfumería de precios bajos. Tiene esa cosa de las abuelas españolas de dar las órdenes y su explicación. “Toma, bebe, ¿no ves que te estás poniendo rojo del calor?”, le pone en la boca una botella de agua al nieto, agarrado al carro con una mano. Ya hace tiempo que tiene el llamado EU Settlement Status (Permiso de Residencia para Ciudadanos de la UE). La burocracia pierde su lógica en situaciones extremas. No entiende que tras el Brexit le exigieran simplemente demostrar que había estado en el país en los últimos cinco años, si lleva en él casi toda la vida. La que le preocupa es su hermana. “Tiene 87 años. Está divorciada y vive sola. Tiene ya algo de demencia senil. Nadie ha contactado con ella, y tampoco se ha movido. Yo creo que deben pensar que ya murió hace años. Imagino que no perderá su pensión”, cuenta.
Más información
Las personas más vulnerables: ahí está el agujero que han denunciado varias asociaciones humanitarias ante la llegada inminente del 30 de junio. Ese día termina el plazo para que los ciudadanos comunitarios residentes en el Reino Unido antes del Brexit pongan en orden su situación. Uno de los mayores procesos de regularización en la historia del país. Alrededor de 5,6 millones de personas han solicitado su permiso de residencia. A través de un proceso completamente en línea, han tenido que demostrar con documentos (un impuesto municipal, un contrato de arrendamiento, un recibo de la luz…) su estancia en territorio británico durante al menos seis meses antes del 31 de diciembre de 2021. Fue entonces cuando acabó el periodo de transición acordado entre Londres y Bruselas, antes de la salida definitiva de la UE. Unos 5,2 millones están ya en situación legal. Bien con un Settlement Status (Permiso de Residencia), para los que llevaban ya más de cinco años en el Reino Unido, o con un Pre-Settlement Status (Permiso Previo de Residencia), para los que no alcanzaban ese plazo y deberán estar pendientes de renovarlo cuando lleguen a él.
Pero hay cerca de 400.000 atrapados en un cuello de botella, que el Ministerio del Interior intenta despejar estos días. Miles de solicitudes electrónicas y llamadas que deben ser atendidas en el último minuto. El secretario de Estado de Inmigración, Kevin Foster, ha prometido flexibilidad, buena fe y sentido común. Con la ley en la mano, a partir del miércoles todo aquel que se halle en situación irregular no podría tener un contrato laboral o alquilar una vivienda. Empresarios y arrendadores están obligados a comprobar la situación de los nuevos empleados e inquilinos. Pero Foster asegura que esta exigencia no será retroactiva. Es un problema a resolver entre el Gobierno y el ciudadano. Los ciudadanos que hayan iniciado el trámite y no hayan obtenido respuesta, obtendrán un “certificado de solicitud”. Los que aún no hayan hecho nada por modificar su situación, recibirán una nota de aviso con un plazo extra de 28 días para actuar.
A partir de ahí, se abrirá un largo periodo de problemas individuales, porque es imposible que una operación tan compleja como la llevada a cabo no tenga multitud de flecos sueltos o casos no controlados. “La cuestión está en el grado de rigidez que el Gobierno esté dispuesto a usar en la aplicación de estas normas”, advierte Catherine Barnard, profesora de Derecho Laboral y experta en Derecho Comunitario, que ha participado en el último informe sobre el proceso de regularización presentado por la asociación UK in a Changing Europe. “¿Va a poner en marcha una política de hostilidad absoluta contra los que se encuentran en los resquicios del sistema? ¿O usará más bien el sentido común?”, se pregunta.
Una nueva ley de inmigración para endurecer la entrada
Cuando a finales de mayo diversos medios de comunicación europeos comenzaron a contar cómo sus ciudadanos habían acabado retenidos en centros e inmigración del Reino Unido, se hizo evidente que el Brexit había cambiado las cosas. Españoles, italianos o búlgaros que aún confiaban en poder embarcarse en la aventura británica fueron retenidos en el aeropuerto y deportados de inmediato. La pandemia y la escasez de vuelos hizo que muchos acabaran confinados durante días.
La nueva ley de inmigración, uno de los proyectos que el Gobierno de Boris Johnson se dio más prisa en aprobar, es mucho más dura y restrictiva, y sitúa a los ciudadanos comunitarios en el mismo nivel que los inmigrantes procedentes del resto del mundo. Es un sistema de puntos que favorece más las necesidades económicas del país que las aspiraciones de mejora del recién llegado. Exige un elevado nivel de inglés, premia las titulaciones académicas y requiere un contrato de trabajo previo o una oferta académica para poder entrar. Apenas se contemplan excepciones para necesidades temporales, en sectores como la agricultura o la sanidad pública. Y no vale cualquier oferta. Es necesario un salario mínimo de casi 31.000 euros para poder obtener el permiso de residencia.
