A través de Estados Unidos, se está formando un poderoso frente legal que busca garantizar la disponibilidad de libros en bibliotecas públicas y escolares. Los recientes casos destacados en Utah, Iowa e Idaho muestran cómo las editoriales, bibliotecas y organizaciones literarias están uniendo fuerzas para proteger la libertad de lectura en medio de crecientes desafíos legislativos.
El 6 de enero, la ACLU de Utah presentó una denuncia en nombre de la herencia de Kurt Vonnegut, otros tres autores y dos estudiantes de secundaria, desafiando las medidas de eliminación de libros establecidas por la Ley de Revisión de Material Sensible, HB 29. Apenas una semana después, el 13 de enero, el Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito escuchó los argumentos orales en dos casos importantes relacionados con la eliminación de cientos de títulos en Iowa debido a la Ley de Senado 496. Entre los demandantes se encuentran Penguin Random House y la Guild de Autores, además de un caso presentado por la ACLU en apoyo a aliados LGBTQ+.
En Colorado, la demanda Crookshanks contra el Distrito Escolar de Elizabeth está en curso tras un fallo preliminar que frena una lista de libros “sensibles”, mientras que en Virginia, un juez dictó que los libros prohibidos debían ser reubicados, actualmente bajo apelación en el Cuarto Circuito.
Kasey Meehan, directora del programa Freedom to Read de PEN America, destaca que existen claramente estados donde se concentra la actividad legal. Tennessee también es un punto crítico, donde PEN America es demandante en el caso Roe contra el Consejo de Educación del Condado de Rutherford.
Mientras tanto, PEN ha apuntado al 11° Circuito, considerando cruciales los casos de Peter Parnell contra la Junta Escolar del Condado de Escambia y Penguin Random House contra Gibson en Florida. Estos casos plantean preguntas fundamentales sobre el derecho a recibir información y se encuentran en estado de espera hasta que se resuelvan los procedimientos del 11° Circuito.
Los equipos legales están atentos a la forma en que los jueces considerarán las decisiones relacionadas con Little contra Llano County, el caso de censura en bibliotecas de Texas. En diciembre, la Corte Suprema optó por no revisar este caso, lo que deja a muchos residentes de Texas, Louisiana y Mississippi sin derechos de la Primera Enmienda en sus bibliotecas públicas.
Cheryl L. Davis, abogada general de la Guild de Autores, ha mencionado que este resultado representa un golpe para los autores, ya que las bibliotecas son fundamentales para que los escritores presenten sus obras al público. Por su parte, Sam Helmick, presidente de la Asociación Americana de Bibliotecas, ha indicado que también están observando un caso en Arkansas: Fayetteville Public Library contra Murray, donde se impugna un esfuerzo por regular bibliotecas y librerías.
Sin embargo, en medio de este panorama preocupante, Helmick señala el caso Lesley contra el Condado de Campbell en Wyoming como un rayo de esperanza, donde la directora de la biblioteca, Terri Lesley, logró un acuerdo por despido injustificado tras negarse a censurar libros. Este resultado ha sentado un precedente sobre las consecuencias legales de acosar a los trabajadores de bibliotecas.
Dan Novack de PRH ha subrayado que todos tienen un papel en esta estrategia legal nacional. “Siempre hay alguien que abre puertas en cada lugar”, afirma, añadiendo que, dado que se trata de un fenómeno que abarca 50 estados, no se puede abordar como un único asunto.
A medida que continúa el aumento de disputas legales, la defensa de la libertad de leer se manifiesta como un esfuerzo colectivo a nivel nacional, donde cada caso y cada estado cuentan en la lucha por preservar el acceso a la literatura en América.
Gracias por leer Columna Digital, puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o visitar nuestra página oficial. No olvides comentar sobre este articulo directamente en la parte inferior de esta página, tu comentario es muy importante para nuestra área de redacción y nuestros lectores.
