Las violaciones a los derechos humanos en Venezuela han alcanzado niveles alarmantes, con el Instituto Casla señalando que fenómenos como las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y la tortura se han convertido en prácticas sistemáticas bajo el régimen de Nicolás Maduro. En un informe reciente presentado en Washington, se enfatiza que el uso del terror es una estrategia deliberada para silenciar la disidencia y mantener el control social.
Desde su polémica reelección en julio de 2024, Maduro ha sido objeto de fuertes acusaciones de fraude electoral, lo que ha llevado a una oleada de protestas, resultando en 28 muertos y al menos 2,400 detenciones. A pesar de que más de 2,000 de esos detenidos han sido liberados, la represión contra la oposición continúa. La ONG Foro Penal ha documentado que hay actualmente 906 presos políticos en el país.
El informe de Casla, un centro de estudios sobre América Latina con sede en Praga, sostiene que el régimen de Maduro comete “crímenes de lesa humanidad” mediante la implementación de violaciones sistemáticas y generalizadas contra la población civil, particularmente en contra de aquellos que se oponen al gobierno.
Durante la presentación del informe, la directora de Casla, Tamara Sujú, reveló que se han documentado más de 532 detenidos cuyas identidades permanecen desconocidas, muchos de ellos en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Se ha denunciado que las condiciones de detención son tan atroces que algunos reclusos han llegado a intentar suicidarse, una situación preocupante documentada en prisiones como Tocorón y Tocuyito.
Los testimonios sobre el trato recibido en estas cárceles son desgarradores: los detenidos sufren torturas físicas y psicológicas, enfrentando golpizas, descargas eléctricas, y condiciones de alimentación inhumanas, con comida en estado deplorable y escasa provisión de agua. En un giro inquietante, el informe menciona que algunos carceleros, jóvenes entre 18 y 25 años, han sido instruidos en estos métodos de tortura, creando un ciclo vicioso de violencia dentro del sistema penitenciario.
Luis Almagro, secretario general saliente de la OEA, destacó la existencia de “evidencia sobre los tormentos” infligidos a los venezolanos, que desnudan una estrategia de mantenimiento del poder por parte de Maduro a través del sometimiento. Las prácticas denunciadas no son incidentes aislados, sino un reflejo de un “Estado terrorista” que utiliza el miedo para controlar a la población y suprimir cualquier forma de oposición.
La comunidad internacional continúa observando la grave crisis de derechos humanos en Venezuela, un tema que exige un compromiso renovado para abordar la situación de quienes sufren a manos de un régimen que parece dispuesto a mantenerse en el poder a cualquier costo.
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