La Comisión Nacional del Agua (Conagua) se encuentra frente a un inminente desafío administrativo: resolver más de 44,000 trámites que se encuentran estancados desde hace más de 60 días. Hasta junio de 2025, esta cifra alcanzaba los 44,578 casos, un reflejo claro de la carga que enfrenta la dependencia en su labor de regular la explotación de aguas nacionales.
La situación es apremiante, considerando que se está creando un nuevo marco legal que podría modificar significativamente estos procesos. La reforma a la Ley General de Aguas, que se discutirá próximamente, traerá consigo la desaparición de ciertos procedimientos, como la transmisión de derechos, lo que exigirá a la Conagua actuar con rapidez para resolver los trámites rezagados que, en su mayoría, se relacionan con concesiones para el uso de aguas tanto superficiales como subterráneas.
De acuerdo con los datos disponibles, 20,001 de los trámites rezagados corresponden a concesiones para el aprovechamiento de aguas superficiales, mientras que 5,643 son para la explotación de acuíferos. Un aspecto que merece atención son las oficinas con mayor rezago, destacando la Dirección Local de Chihuahua, con 8,671 trámites pendientes, seguida por el Organismo de Cuenca Lerma Santiago, que abarca varios estados del país y presenta 4,331 trámites en la misma situación.
El nuevo decreto discutido en la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados establece que todos los trámites pendientes se resolverán bajo las normativas vigentes en el momento de su presentación. Sin embargo, el contexto actual ha generado una frecuencia alarmante de impugnaciones ante tribunales por la falta de respuesta, lo que podría saturar aún más el ya sobrecargado sistema jurídico de estas oficinas.
Por ejemplo, la Dirección Local de Chihuahua, con un equipo jurídico de apenas 12 integrantes, tendría que enfrentar un promedio de 722 casos cada uno, mientras que otras direcciones, como las de Aguascalientes y el Organismo de Cuenca Golfo Centro, se enfrentarían a cargas similares.
Esta situación no solo pone en evidencia la presión a la que está sometida la Conagua, sino que también plantea serias dudas sobre su capacidad para adaptarse al nuevo marco legal y resolver los rezagos que han persistido durante años. Conforme se avanza en la discusión de estas reformas y en la resolución de los trámites pendientes, queda por ver cómo se equilibrará la carga de trabajo y se garantizará un acceso equitativo y eficiente al recurso hídrico, fundamental para el desarrollo del país.
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