El reciente paquete fiscal para 2026 presentado por el Ejecutivo al Congreso denota una tendencia predominantemente inercial en comparación con los años anteriores. Este plan prevé un déficit fiscal que asciende al 4.1% del PIB, el más elevado de los últimos 35 años, a excepción del presente año. Además, se contempla la emisión de nueva deuda por 1.4 billones de pesos, lo que implica un incremento del 92% respecto a 2018, desafiando la premisa de la Cuarta Transformación sobre un gobierno sin endeudamiento.
Desde 2018 hasta 2025, se proyecta que el gasto público experimentará un aumento de 2.4 puntos porcentuales del PIB, en contraste con un incremento de sólo 0.7 en los ingresos fiscales. A pesar de esto, el gobierno parece ignorar el riesgo que esto conlleva, al añadir un 0.6% al gasto en 2026 y al planear incrementos de 1.3% en los ingresos.
Las estimaciones oficiales sugieren que en 2026 los recursos fiscales representarían el 22.5% del PIB, lo que implica un aumento del 6.3% respecto a 2025. Sin embargo, esta proyección puede ser exagerada por dos razones principales: primero, se basa en un crecimiento optimista del PIB de 2.3%, que podría resultar inferior, al igual que la revisión actual de 0.5-1.5%; segundo, se confía en que varias medidas, incluyendo impuestos designados como “saludables” y otros aranceles de importación, generarán aproximadamente 0.6% del PIB en ingresos adicionales.
Es esencial mencionar que la Ley de Ingresos se basa en estimaciones, lo que genera incertidumbre sobre los recursos que serán efectivamente aprobados. En contraste, el decreto de presupuesto legisla el gasto, que es difícil de reducir en caso de que se necesite un ajuste para mantener el equilibrio fiscal, lo que presenta el riesgo de que el déficit sea superior al anticipado. Un claro ejemplo de esto se observa en el déficit de este año, que pasó del 3.9 al 4.3% del PIB.
El proyecto de presupuesto de 2026 propone un aumento significativo en el gasto público del 5.9% en comparación con 2025, alcanzando un total equivalentes a 26.1% del PIB, lo que incrementa el riesgo fiscal. Su distribución no resulta óptima para fomentar el crecimiento sostenible y la productividad. La mayor parte de este gasto se destina a programas de transferencias monetarias, superando los fondos asignados a áreas críticas como Salud, Educación y Seguridad pública, que son vitales para el desarrollo a largo plazo.
En cuanto a la función de protección social del presupuesto, se observa que alberga la mayoría de los programas de transferencias sin mayores condiciones, generando una asignación de 2.4 billones de pesos, mayor a la suma de los presupuestos destinados a Educación, Salud y Seguridad pública, que es de 2.1 billones de pesos. Si consideramos los programas de becas que funcionan de manera similar a las transferencias de Bienestar, la cifra total de la función social asciende a 2.5 billones de pesos, con un aumento proyectado del 5.8% para 2026 frente a 2025. Por otro lado, Educación, Salud y Seguridad pública apenas crecerían un 3.9%.
La inversión física propuesta para 2026, aunque superior al año anterior con un aumento del 10% real, aún se presenta un 14% por debajo de los niveles de 2024 y 2022. Más del 60% de las inversiones prioritarias se destinará a nuevos trenes de pasajeros, como los proyectos de Toluca y Maya, mientras que un escaso 12% se va a carreteras, que requieren una atención urgente debido a su estado deteriorado. Surge la pregunta: ¿sería más efectivo primero reparar la infraestructura existente antes de buscar ampliaciones?
Es vital en este contexto que las decisiones fiscales y de gasto se fundamenten en una visión de largo plazo, priorizando tanto la sostenibilidad de las finanzas públicas como el bienestar de la ciudadanía.
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