Medina Mora destaca críticas y defiende justicia.

A medida que se intensifican las tensiones en el ámbito empresarial, las recientes decisiones de la Suprema Corte de Justicia han despertado críticas entre líderes del sector privado en México. José Medina Mora, el nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial, ha expresado su preocupación por la percepción negativa que generan estas resoluciones. En particular, la obligación de las industrias a pagar créditos fiscales y la revocación de la Ley Minera están afectando la confianza de los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros.

Durante una rueda de prensa, Medina Mora subrayó la necesidad de un marco de Estado de Derecho más robusto para mitigar la incertidumbre que rodea a la inversión en el país. “Debemos cuidar la inversión y la confianza de los mercados”, afirmó, enfatizando que el futuro de las decisiones judiciales recae en los nuevos jueces y magistrados, quienes deben actuar con base en los principios legales establecidos.

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Sin embargo, las preocupaciones sobre la seguridad y la extorsión en el entorno empresarial han tomado un papel aún más prominente en el discurso. Juan José Sierra, presidente de Coparmex, ha señalado que la extorsión se ha convertido en un peligro tangible para la comunidad empresarial, aludiendo a un incremento del 5.2% en el número de víctimas de este delito en lo que va del año. De estas, un notable 11.8% se registra en 43 municipios fronterizos, donde la extorsión ha crecido un alarmante 15.2% en comparación con el año anterior.

Sierra destacó que la situación se ha vuelto insostenible, afirmando que “la extorsión está de rodillas a miles de empresarios en el país”. Según él, estas prácticas delictivas han evolucionado de simples incidentes a estructuras que controlan tanto la economía como la política. “Sin una presencia efectiva del Estado, no hay posibilidad de libertad económica ni convivencia pacífica”, agregó.

Ante este panorama, Sierra hizo un llamado claro al gobierno de la Cuarta Transformación, instando a que se lidere una estrategia nacional que combata la extorsión desde una perspectiva integral y no meramente política. También solicitó a los legisladores más acción para reformar el marco jurídico de manera que incentive un ambiente más seguro y propicio para los negocios.

Ambos líderes comparten una visión: la urgencia de que el Estado actúe decisivamente contra la criminalidad y que se establezcan condiciones legales que fortalezcan a los empresarios y, por ende, a la economía mexicana en su conjunto. La necesidad de protección y justicia es apremiante en un país donde el miedo y la incertidumbre imperan, y donde cada decisión judicial o legislativa puede tener un impacto significativo en el futuro industrial del país.

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