Menos pobreza, pero hacia la mediocridad.

La evaluación de la pobreza del INEGI revela una notable disminución de esta problemática en México entre 2018 y 2024, un avance que, sin duda, impacta de manera positiva a las familias y al país en su conjunto. Sin embargo, este aparente progreso no se fundamenta en un crecimiento económico sostenible, sino en decisiones político-administrativas que generan consecuencias a largo plazo.

Un factor clave en esta reducción de la pobreza ha sido el notable aumento del salario mínimo, que se incrementó un 110% en términos reales durante el mismo periodo. Aunque algunos sostienen que este aumento no influye en la inflación, los datos sugieren lo contrario. En 2018, el salario mínimo apenas alcanzaba a un 15.6% de la fuerza laboral y muchas reformas lo habían desvinculado de los precios de referencia. Sin embargo, en 2024, su impacto ya era significativo, alcanzando a un 35% de los trabajadores, lo que nos lleva a reflexionar sobre las implicaciones de este aumento en un contexto de inflación creciente.

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Durante estos años, el salario mínimo creció un 180%, los costos laborales se elevaron cerca de un 60%, mientras que la inflación alcanzó un 36.4%, la cifra más alta en seis años. Este desajuste plantea interrogantes sobre la relación entre estas cifras, especialmente cuando la productividad laboral se contrajo más de un 5% en el mismo periodo. Los datos indican que, a medida que la productividad se desploma en el sector formal, se eleva en el informal, alimentando un ciclo que encarece la formalidad laboral y reduce la productividad general de la economía, un problema que se ha convertido en una característica persistente de la economía mexicana.

Además de estas dinámicas, los programas sociales de transferencias en efectivo también han jugado un papel fundamental en la lucha contra la pobreza, incrementando su costo en casi un 50% en términos reales de 2018 a 2024. Este aumento ha llevado a preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal, ya que el gasto público se incrementó en tres puntos porcentuales del PIB, con una notable concentración en programas sociales y energía, mientras que se ha invertido mucho menos en educación, salud y seguridad pública.

Un análisis de la pobreza multidimensional por parte del INEGI muestra un deterioro en áreas vitales como la educación y la salud. De hecho, el rezago educativo ha empeorado y la falta de acceso a servicios de salud casi se ha duplicado, alcanzando la alarmante cifra de 44.5 millones de personas en 2024, a pesar del significativo aumento en el gasto público destinado a este sector.

La pregunta que surge es: ¿cuánto tiempo podrá sostenerse esta situación fiscal? Aunque puede mantenerse a corto plazo sacrificando sectores clave como la salud, educación y seguridad pública, así como la infraestructura, esta estrategia podría llevar a una mediocridad económica y social que repercutirá en el desarrollo futuro del país.

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