La lucha por justicia en el caso de Ernestina Ascencio ha cobrado nuevos relevos tras 18 años de espera. Este martes, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha anunciado la aceptación de la condena emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La presidenta Claudia Sheinbaum ratificó esta decisión, que aborda la trágica muerte de Ascencio, una mujer indígena náhuatl, quien falleció a consecuencia de las lesiones sufridas tras ser violada por militares en 2007.
Los hechos ocurrieron el 25 de febrero de ese año, cuando Ascencio, de 73 años, salió a pastorear ovejas en la sierra de Zongolica, en Veracruz. Tras varias horas sin regresar, su familia comenzó la búsqueda y finalmente la halló gravemente herida cerca de un campamento militar. Pese a su estado crítico, su atención médica fue demorada y no se le proporcionó un traductor, lo que complicó aún más su situación. Falleció el 26 de febrero, y las autopsias iniciales indicaron que había sufrido un trauma severo y señales de violación. Sin embargo, en semanas posteriores, las versiones oficiales cambiaron abruptamente, haciendo hincapié en la falta de evidencia.
El Estado mexicano fue declarado responsable de violar los derechos de Ascencio a la vida, la integridad personal y a la justicia, sin cumplir con los estándares establecidos por la Convención Americana de Derechos Humanos. Como parte de la condena, se ordenó realizar una investigación penal para enjuiciar a los responsables y garantizar atención médica y psicológica gratuita a los hijos de la víctima, así como una beca para su educación.
Desde el anuncio, Sheinbaum ha reiterado que el Estado cumplirá con las acciones específicas requeridas y que los hechos ocurrieron durante el mandato de Felipe Calderón, resaltando el compromiso del gobierno actual para reparar los daños. La continuación de este caso ha ilustrado una lucha prolongada por parte de la familia Ascencio, quienes, a pesar de los obstáculos y revés judiciales, han mantenido la esperanza de justicia.
Este episodio ha dejado al descubierto la impunidad que rodea a muchos casos de violencia de género en México y cómo, a menudo, el sistema judicial falla en proteger a los más vulnerables. La resolución de la Corte Interamericana es un paso significativo, aunque tardío, en el reconocimiento de los derechos violados de Ascencio y su familia, marcando un posible cambio en el tratamiento que reciben estos casos en el país.
La batalla legal, que llevó a los familiares de Ascencio incluso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha resaltado la necesidad de un enfoque más riguroso y humano en la investigación de los crímenes contra mujeres, particularmente entre las comunidades indígenas. Esta condena no solo busca justicia para Ascencio, sino que también plantea un desafío al Estado mexicano para reformar su sistema de justicia y prevenir futuras violaciones de derechos humanos.
Así, el caso de Ernestina Ascencio se convierte en un símbolo de esperanza y un recordatorio de la importancia de la justicia y la verdad, aspectos esenciales para el fortalecimiento de la democracia en México. La pregunta ahora es: ¿podrá el Estado cumplir con las medidas de reparación y evitar que la historia se repita?
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