México ha experimentado un considerable retroceso en el índice de respeto al Estado de Derecho, según el último informe del World Justice Project de 2025. El país descendió tres posiciones, colocándose en el lugar 121 de 143 naciones evaluadas, situándose justo detrás de naciones como Rusia, Turquía y Honduras, y muy por debajo de líderes como Dinamarca, Noruega y Suecia.
Al analizar el desempeño de México en la última década, queda claro que el liderazgo de distintos gobiernos, incluidos los de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, muestra una tendencia preocupante en áreas críticas como la protección de derechos fundamentales y la justicia civil. La actual administración de Claudia Sheinbaum también inicia con una carga de retrocesos en los contrapesos institucionales.
Factores de riesgo, destacados por entidades como la American Chamber of Commerce y el Atlantic Council, se relacionan con la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). El índice, compuesto por ocho subcomponentes que evalúan el control gubernamental, la corrupción, el gobierno abierto y la justicia, revela un México que ocupa poco lugar en el ámbito internacional.
En el subíndice de orden y seguridad, nuestro país se encuentra en la alarmante posición 132, indicando serios problemas de control sobre el crimen organizado y violencia civil. El área de contrapesos al poder también ha mostrado signos preocupantes, descendiendo del puesto 106 al 108, afectando la independencia de poderes y la capacidad de la legislatura y el poder judicial para limitar la autoridad gubernamental.
Uno de los aspectos más críticos del informe se refiere al sector de la ausencia de corrupción, donde México ocupa un triste 134º lugar a nivel mundial. Este puesto es solo un poco más alto que el de las naciones con las peores calificaciones, revelando un entorno en el que la corrupción se insinúa en todos los niveles del gobierno y del sistema judicial.
El tema de la justicia criminal es igualmente alarmante, pues México se posiciona en el lugar 135 de 143, lo que refleja un sistema de investigación que enfrentan serias dificultades en eficiencia y parcialidad. La percepción de corrupción en este ámbito limita gravemente la confianza de los ciudadanos en la justicia.
El informe también destaca un fenómeno global: el aumento del autoritarismo está contribuyendo a la erosión del Estado de Derecho en muchos países, creando un ambiente en el que el espacio cívico se reduce y los contrapesos al poder se debilitan. Alarmantemente, un 68% de las naciones analizadas han visto caer sus calificaciones en este ámbito.
El World Justice Project, al ser una organización independiente y multidisciplinaria, se esfuerza por mejorar el Estado de Derecho a nivel mundial. Destaca que un sistema efectivo en este sentido no solo combate la corrupción, sino que también protege a las personas de injusticias y fomenta igualdad y paz. Desde su creación en 2006 como una iniciativa de la American Bar Association, ha trabajado incansablemente para establecer principios de rendición de cuentas y accesibilidad en la resolución de disputas.
Los datos presentados corresponden al informe elaborado en 2024, que marca el fin de la administración de López Obrador. Este contexto pone de relieve la necesidad urgente de fortalecer las instituciones y asegurar un entorno donde se respete la ley, garantizando así un futuro más equitativo y seguro para todos los mexicanos.
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