México lamentablemente se posiciona como uno de los países más peligrosos para los defensores de derechos humanos en América Latina. Un reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destaca la alarmante situación que enfrentan quienes abogan por temas tan críticos como la defensa del medio ambiente, la búsqueda de personas desaparecidas, los derechos de la diversidad sexual y la protección del territorio.
El informe indica que, a nivel global, México ocupa el tercer lugar en asesinatos de defensores, con un trágico saldo de 45 víctimas en 2022, situándose únicamente detrás de Colombia y Ucrania. Este patrón preocupante muestra que la violencia contra quienes luchan por los derechos humanos está en aumento. En un 43.1% de los casos, se señala a funcionarios públicos como presuntos responsables de estas agresiones, y un 33.5% involucraría a la delincuencia organizada, mientras que un 23.4% sería atribuido a individuos desconocidos.
Las regiones más afectadas por estos ataques incluyen Guerrero, Oaxaca, Chihuahua, Chiapas, Veracruz y Michoacán, donde se entrelazan megaproyectos extractivos, conflictos comunitarios y un alto grado de impunidad. Desde 2019 hasta 2023, se han registrado al menos 91 asesinatos de defensores en México, todos vinculados a sus labores de protección de derechos.
Además, la CIDH reporta 220 desapariciones de defensores desde 2006 hasta mayo de 2022, muchas de las cuales continúan sin esclarecerse. Los defensores ambientales son particularmente vulnerables; entre 2006 y 2023, 93 de ellos desaparecieron, con 39 aún sin ser localizados. La relación entre la violencia y los proyectos mineros es clara: más del 40% de los asesinatos de activistas se asocia con su oposición a estas actividades.
Este fenómeno se ve agravado por la expansión de modelos económicos extractivistas y la criminalización de la protesta social. Un caso ejemplar es el de Kenia Hernández, defensora indígena condenada a 10 años de prisión en 2022, enfrentando múltiples cargos en su contra, considerados por muchos como una forma de represalia.
La situación es aún más preocupante para las mujeres que se involucran en la búsqueda de sus familiares desaparecidos. Entre 2018 y mayo de 2023, al menos 10 mujeres han sido asesinadas en esta labor. Casos destacados incluyen a Ángela Almeras León, presidenta del colectivo Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos, asesinada en Baja California en 2024, así como Teresa Magueyal, miembro del colectivo “Una Promesa por Cumplir”, quien fue asesinada en 2023 en Guanajuato.
Las mujeres buscadoras enfrentan no solo un alto riesgo de violencia, sino también niveles extremos de estrés y problemas económicos al ser responsables de la búsqueda y del sustento de sus familias. Entre 2012 y 2023, 73 mujeres defensoras hubo que lamentar en el país, y en 2023, las agresiones digitales contra ellas incrementaron en un 41% respecto al año anterior. Se evidencian agresiones de naturaleza sexual, amenazas de muerte y campañas de desprestigio, particularmente en redes sociales.
La CIDH también manifiesta preocupación por el lenguaje estigmatizante dirigido hacia los defensores por parte de figuras públicas, que los califican de “enemigos del desarrollo”. Ejemplos de esto incluyen declaraciones del Ejecutivo Federal que descalifican a organizaciones de la sociedad civil como “benefactoras disfrazadas de ambientalistas”, acusándolas de recibir fondos extranjeros para oponerse a iniciativas como el Tren Maya.
La situación de los defensores de derechos humanos en México es un llamado urgente a la acción. La falta de protección y la impunidad que favorecen estos delitos no solo afectan a los individuos, sino que también erosionan la estructura misma de la sociedad y los derechos fundamentales que deben ser garantizados para todos.
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