La reciente propuesta de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en México ha generado una ola de preocupación tanto a nivel nacional como entre los socios comerciales de América del Norte. Esta reforma, considerada un posible quebranto a los principios esenciales del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), plantea serias inquietudes sobre la independencia regulatoria, la competencia equitativa y el comercio digital.
Las reacciones adversas de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá no son inesperadas. Revelan un patrón que se remonta a las controversias ya planteadas durante las reformas judicial y energética. No es un secreto que estas reformas apuntan a un retroceso hacia prácticas institucionales que recuerdan épocas de dominación política, evocando la “dictadura perfecta” mencionada por Mario Vargas Llosa.
En tiempos donde los acuerdos comerciales son fundamentales para la gobernanza de cada país, la administración actual se enfrenta al reto de equilibrar políticas internas con compromisos internacionales. Desde julio de 2022, las fricciones con el T-MEC han resurgido, llevando a ambos países a solicitar consultas formales sobre prácticas que consideran discriminatorias, especialmente en el sector energético, donde las reformas han favorecido a empresas estatales como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Aunque la reforma judicial no se rige directamente por el T-MEC, el tratado estipula cláusulas que aseguran el trato justo y equitativo para inversionistas extranjeros. Un poder judicial debilitado y un ejecutivo fortalecido podrían generar un ambiente de incertidumbre jurídica, lo que podría aislar a México de la inversión externa.
La ausencia de un regulador autónomo en materia de telecomunicaciones, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), así como la posible centralización del poder regulativo bajo la Presidencia, violan sentidamente los requerimientos del T-MEC, que exigen organismos autónomos y transparentes. La intención del gobierno de dar un trato preferencial a empresas estatales también puede considerarse una violación directa a los acuerdos comerciales, generando un riesgo de litigios.
Aún más alarmante es la persistente intención de controlar el entorno digital, que sugiere un deseo por parte de las autoridades mexicanas de acceder a datos privados de los ciudadanos. Esta situación recuerda el uso controversial de tecnologías de vigilancia en años recientes, lo que plantea serias dudas acerca del compromiso del gobierno mexicano con los estándares internacionales en materia de comercio digital.
Las lecciones aprendidas de las reformas energéticas y judiciales deben ser consideradas en este nuevo panorama. Cualquier intento de abordar el desarrollo y la inclusión tecnológica en el país debe articulare dentro de un marco que respete los compromisos del T-MEC, pues utilizar la soberanía como pretexto para eludir obligaciones legales solo llevará a más conflictos internacionales.
A medida que se acercan revisiones fundamentales del T-MEC, los riesgos asociados con la implementación de estas reformas en telecomunicaciones no deben ser subestimados. El impacto de las decisiones actuales podría marcar la pauta sobre cómo se gestionarán futuras tensiones y disputas comerciales, afectando la posición de México en el ámbito global.
Es crucial que el país no ignore la importancia del T-MEC, que no es solo un pacto comercial, sino un sistema que protege la certidumbre jurídica y los valores democráticos en la región. La ruta que elija México ahora define su futuro en los circuitos internacionales de inversión, y cualquier error podría convertir las reformas en un obstáculo más en su camino hacia una modernización efectiva y estable.
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