La violencia laboral se ha convertido en un desafío crítico en México, afectando tanto a las empresas como a los trabajadores. A pesar de la gravedad del problema, se ha observado una clara falta de claridad institucional respecto a la implementación del Convenio 190 (C190) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este convenio, que se erige como el primer instrumento global destinado a garantizar una vida laboral libre de violencia y acoso, fue ratificado por México el 6 de julio de 2022, pero su aplicación efectiva todavía enfrenta obstáculos significativos.
Un estudio realizado por las organizaciones Intersecta, Fundación Avina e Iniciativa Arropa resalta la urgencia de desarrollar un entorno normativo que beneficie la calidad de vida de los trabajadores. Las instituciones competentes todavía carecen de un entendimiento claro acerca de cómo proceder con la adaptación legislativa necesaria para cumplir con las obligaciones internacionales, lo que genera lagunas en la legislación laboral mexicana.
La implementación del C190 implica que cada actor involucrado, incluyendo autoridades laborales, sindicatos y trabajadores, debe tener una comprensión clara de las reformas necesarias en materia de acoso y violencia. Es crucial establecer mecanismos de prevención, atención y sanción, adaptados a las particularidades de cada espacio de trabajo. Sin embargo, sigue siendo evidente la necesidad de generar manuales, protocolos y otras herramientas que faciliten la creación de un entorno laboral más seguro.
El informe también señala que, si bien se han presentado algunas propuestas legislativas para integrar el C190 en la legislación mexicana, muchas de ellas no logran capturar la integralidad y el alcance completo del convenio. Esta situación perpetúa las diferencias significativas entre la normativa nacional y la norma internacional.
La diputada Patricia Mercado destaca que las reformas son fundamentales y deben incluir criterios claros para empleadores. Subraya la importancia de que el Congreso de la Unión retome iniciativas para hacer efectiva esta legislación, especialmente en el contexto de justicia hacia las mujeres, quienes aún enfrentan gran desigualdad en el ámbito laboral.
Además, la definición de violencia laboral según el C190 plantea un reto adicional en el trabajo con sectores informales, ya que en México la informalidad es un tema predominante. Mercado destaca que es esencial construir un diálogo social inclusivo que busque el consenso entre el Ejecutivo, el Congreso y la sociedad civil para avanzar en este proceso legislativo.
Con un plazo hasta 2027 para presentar un segundo informe sobre los avances en la implementación del convenio, se espera que exista un movimiento hacia la construcción de condiciones laborales más equitativas y seguras. En este sentido, el camino a seguir para alinear la legislación mexicana con el C190 es claro: se necesita un esfuerzo conjunto y coordinado que busque entrelazar los derechos de los trabajadores con un entorno laboral más justo y protegido.
Gracias por leer Columna Digital, puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o visitar nuestra página oficial. No olvides comentar sobre este articulo directamente en la parte inferior de esta página, tu comentario es muy importante para nuestra área de redacción y nuestros lectores.
