La Ley General de Economía Circular (LGEC) ha sido oficialmente integrada al marco legal mexicano, luego de su aprobación por el Senado el 10 de diciembre de 2025 y su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 2026. Este nuevo marco legislativo propone una transformación radical en la forma en que las empresas operan, desde la producción y diseño hasta la gestión de residuos, promoviendo un modelo económico circular que prioriza la sostenibilidad.
La legislación marca un hito significativo al establecer reglas que obligan a las empresas a pasar de un enfoque lineal de “producir, consumir y desechar” a uno circular. Este cambio busca extender la vida útil de los productos, minimizar la generación de residuos y reincorporar materiales en los procesos de producción. Uno de los aspectos más relevantes es que, a partir de ahora, la economía circular dejará de depender únicamente de la voluntad empresarial: las autoridades ambientales podrán emitir requerimientos específicos que obliguen a las empresas a cumplir metas de circularidad a través del esquema de Responsabilidad Extendida del Productor (REP).
Según la LGEC, productores e importadores deberán asumir la responsabilidad ambiental de sus productos a lo largo de todo su ciclo de vida. Esto abarca desde su diseño y fabricación hasta su reutilización, reciclaje y disposición final. En este contexto, se introduce la obligación de elaborar una Gestión Circular, un documento que las empresas deben registrar ante la autoridad reguladora. Esta gestión incluirá un análisis del ciclo de vida de los productos, mecanismos de circularidad como el reúso y reciclaje, así como metas e indicadores de medición que serán supervisados de manera periódica.
La ley también tiene un impacto considerable en el diseño de productos y la cadena de valor. Se fomentan prácticas de diseño circular, que incluyen criterios de reparabilidad y modularidad, así como el uso de materias primas secundarias cuando sea posible. Este enfoque no solo hace que los procesos internos se vuelvan más sostenibles, sino que transforma las relaciones entre proveedores, fabricantes y distribuidores, promoviendo una mayor colaboración en busca de la sostenibilidad.
Para garantizar el cumplimiento de estas nuevas regulaciones, la ley exige una mayor generación de información verificable, que incluirá indicadores clave como la huella de carbono y la huella hídrica. Dicha información será esencial para auditorías, inspecciones y otros procesos de vigilancia, convirtiendo la trazabilidad de los productos en un componente crucial del cumplimiento regulatorio.
A medida que se implementa la LGEC, la mala gestión de residuos y materiales se transformará en un riesgo no solo ambiental, sino también legal y financiero. Este contexto implica que el cumplimiento de la ley se interrelaciona con la agenda ESG (ambiental, social y de gobernanza), exponiendo a las empresas a sanciones significativas por incumplimiento y destacando la importancia de la información ambiental verificada, especialmente para aquellas que operan a nivel internacional o que tienen inversión extranjera.
Además de las sanciones, la ley establece un sistema de auditorías ambientales voluntarias y programas de distinción para productos circulares, lo que puede convertirse en una ventaja competitiva en el mercado. La LGEC no solo impone obligaciones legales, sino que redefine la circularidad como un componente esencial de la estrategia empresarial, promoviendo la reducción de desperdicios, la recuperación de materiales y la optimización de procesos, lo cual podría traducirse en eficiencia operativa y ahorro significativo de costos.
Con estas reformas, México se posiciona como un país líder en el impulso de una economía más sostenible y responsable, comprometido con un futuro donde la circularidad y la gestión responsable de los recursos sean esenciales en el camino hacia un desarrollo económico integral.
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