Un grupo de organizaciones no gubernamentales, entre las que se destacan Poder Ciudadano, Consejo Nacional de Litigio Estratégico, PROJUC, Defensorxs, Práctica Laboratorio para la Democracia y Laboratorio Electoral, ha decidido acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Su objetivo es unirse a la impugnación que formulen tanto candidatos que participaron en la elección extraordinaria del 1 de junio como expertos en materia electoral. La petición de este conjunto de agrupaciones es clara e inquebrantable: buscan la nulidad de unas elecciones que, según ellos, carecen de integridad.
José Guadalupe Acosta Naranjo, de la iniciativa Galileo, comentó que “nueve de cada diez mexicanos rechazaron esta farsa”, aludiendo a irregularidades denunciadas como amenazas, uso de acordeones y acarreo de votantes. Afirmó que es fundamental un equilibrio entre poderes en la República.
A partir del 1 de junio, los magistrados de la Sala Superior iniciarán la tramitación de un primer paquete de juicios de inconformidad. Esto ocurre a pesar de que la validez del cómputo de votos y de los comicios ya fue pronunciada días antes por el Consejo General. Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, afirmó: “Ni las avalamos ni las ocultamos (las irregularidades). Las reconocimos, las expusimos y actuamos en consecuencia”. Los consejeros, de forma proactiva, identificaron y excluyeron del cómputo un número entre 800 y 900 casillas, que representan menos del 1% del total de más de 84,000 habilitadas, pues presentaron anomalías graves.
El consejero Uuc-kib Espadas Ancona aseguró que “quienes intentaron penetrar el sistema electoral mexicano no se salieron con la suya”. Enfatizó que, a pesar de las limitaciones presupuestarias, el sistema logró contener intentos de adulteración antes de que afectaran los resultados. Espadas subrayó que las casillas donde hubo intentos de alteración no se contabilizaron, y esta decisión fue aprobada por unanimidad.
El INE, lejos de ignorar lo sucedido, tomó responsabilidad y actuó dentro de su marco legal y técnico. Al separar “la paja del trigo”, se enfrentó a los desafíos planteados con un enfoque metódico.
Sin embargo, el bloque de consejeros que opinó en contra de validar los cómputos siembra dudas sobre la integridad del proceso electoral, destacando prácticas como la entrega de guías de votación y otros indicios de coacción y compra de votos.
Los magistrados del Tribunal Electoral ahora se enfrentan a la tarea de determinar si la voluntad ciudadana fue comprometida y si los errores o malas prácticas tuvieron un impacto significativo en los resultados. Con el dilema de que la nulidad abstracta parece una tarea monumental, deberán emitir un fallo que impactará la percepción de la legalidad y transparencia del proceso electoral.
En otro ámbito, con respecto al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, Vania Pérez Mendoza destacó que “ninguno obtuvo la mayoría calificada”. La sesión del 17 de octubre resultó en el rechazo de la terna de candidatos para sustituir a Roberto Moreno Herrera. Este proceso culminó en controversia, tras la invalidación del procedimiento de selección por parte de la secretaria Anticorrupción, Raquel Buenrostro, quien fue criticada por Pérez Mendoza, a pesar de su vinculación en las etapas previas del mismo. Esta polémica ha suscitado quejas de maltrato a participantes, quienes sienten que fueron eliminados de la lista de selección.
A medida que las instancias jurídicas se encuentran bajo presión para abordar estos temas, se vislumbra un panorama complejo para la democracia y la transparencia en el país. La fecha de este contenido corresponde al 19 de junio de 2025, lo que invita a una reflexión constante sobre el estado actual de México hacia el año 1750332126.
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