Oaxaca se prepara para ser el primer estado en implementar la revocación de mandato, un mecanismo que permite a la ciudadanía decidir sobre la continuidad de su gobernante a mitad de periodo. Este ejercicio, a llevarse a cabo el 25 de enero de 2025, ha sido impulsado por el gobernador Salomón Jara, quien representa al partido Morena. Bajo el lema “el pueblo pone, el pueblo quita”, el ejercicio busca no solo afianzar su popularidad, sino además movilizar a sus simpatizantes y demostrar el respaldo a su gestión.
La revocación de mandato fue concebida originalmente como un derecho ciudadano para destituir a un gobernante. Sin embargo, fue durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador que se logró llevar a cabo la primera consulta en abril de 2022, con la participación de más de 16.5 millones de votantes. De ellos, un abrumador 91.1% optó por que López Obrador continuara en el poder, reafirmando su proyecto de gobierno.
En un contexto similar, Claudia Sheinbaum, actual presidenta de la Ciudad de México, también ha manifestado su intención de someterse a esta consulta, aunque queda por ver si se realizará en abril de 2028 como establece la ley o se adelantará a 2027.
Las modificaciones legales de 2023 han integrado la revocación de mandato en la Constitución local de Oaxaca, convirtiéndose en un hito en la gestión de Jara. Con el apoyo de sus simpatizantes, se lograron recabar las 518,979 firmas necesarias, demostrando el compromiso de su partido con este nuevo mecanismo democrático.
La autoridad electoral de Oaxaca ha recalibrado su enfoque, emitiendo la convocatoria legal el 22 de diciembre pasado y lanzando una campaña de promoción a través de imágenes en medios locales. La pregunta que deberán responder los votantes será: “¿Estás de acuerdo en que a Salomón Jara Cruz, Gobernador del Estado, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la Gubernatura hasta que termine su periodo?”
Sin embargo, el ejercicio no está exento de polémicas. A medida que se define el número de casillas necesarias para el operativo, surge la preocupación por el presupuesto asignado, que se estima en 100 millones de pesos. Con la meta de instalar 2,000 casillas, esto representa apenas un tercio de lo que se requiere en un proceso electoral regular.
A diferencia de consultas anteriores que coincidieron con procesos federales, esta revocación se llevará a cabo en un marco administrativo distinto, con el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) al frente, sin el respaldo del Instituto Nacional Electoral (INE). Esto ha generado cierta incertidumbre, especialmente en cuanto a la capacitación de funcionarios y la logística de instalación de casillas.
La buena participación electoral será clave, ya que se espera que más del 40% del padrón electoral acuda a votar para que el resultado sea vinculante. Esto no solo sería un indicador de la popularidad de Jara, sino también un ejemplo a nivel nacional del éxito de la revocación de mandato en Oaxaca, justo en un año crucial que anticipa elecciones municipales y de poder judicial en 2027.
Desde luego, el 25 de enero se convertirá en una fecha emblemática, no solo para Jara y su administración, sino también para el futuro de la democracia en el estado y en el país, en medio de un clima de discusión sobre los altos costos de la democracia y la funcionalidad de los institutos electorales.
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