La tarde del sábado, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció que uno de los ocho escoltas del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, se encuentra prófugo. Esta noticia surge un día después de que la Fiscalía estatal detuviera a siete policías municipales que formaban parte del equipo de seguridad del alcalde, implicados en un probable homicidio calificado.
Manzo fue asesinado el 1 de noviembre durante un evento público del Día de Muertos, mientras se encontraba con su familia. Su muerte desató protestas masivas en Michoacán y otras ciudades del país. Un crítico de la inacción del Gobierno federal ante el crimen organizado, el alcalde había denunciado previamente extorsiones y violencia en la región. Tras su muerte, su esposa, Grecia Quiroz, asumió el cargo tras la aprobación del Congreso estatal.
El gobernador explicó que la indagatoria avanza por varias líneas y que las autoridades federales están trabajando en conjunto con las locales. Se identificó que el círculo de seguridad del alcalde está bajo examen, y mientras siete agentes han sido detenidos, un octavo permanece en la clandestinidad. Este hecho añade un nuevo nivel de complejidad a una investigación que ya había tomado un giro significativo tras la captura de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, señalado como uno de los autores intelectuales del ataque, quien fue arrestado en Morelia.
Las autoridades federales han recuperado mensajes de teléfonos de involucrados, lo que ha permitido rastrear un chat cifrado utilizado para coordinar la agresión contra Manzo. El menor que disparó en el ataque fue abatido poco después por el mismo equipo de seguridad, ahora objeto de investigación.
Michoacán, conocido por ser un territorio en disputa entre varias organizaciones criminales y destacado en la producción de aguacate, se encuentra en el epicentro de un conflicto que no da señales de cesar. En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó un plan especial para reforzar la seguridad en la entidad, movilizando más de diez mil elementos federales.
La situación se complica aún más con la confirmación de 83 denuncias administrativas que Manzo había presentado antes de su asesinato, relacionadas con posibles actos de corrupción en el ámbito municipal. Las investigaciones continúan, en busca de evidenciar la red vinculada con este crimen que ha sacudido a la sociedad mexicana, revelando la constante lucha contra la violencia y la inseguridad que permea en el estado.
Este trágico acontecimiento no solo destaca la crisis de seguridad en México, sino que también pone de manifiesto los desafíos que enfrentan las autoridades en su intento por restaurar la paz en la región.
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