Por Juan Carlos Sánchez Magallán
Marcelo Ebrard y Santiago Nieto pusieron en marcha el Operativo Limpieza, que coordina a todas las Instituciones Federales relacionadas con Seguridad y Justicia con el firme propósito de combatir la piratería y el contrabando de mercancías de procedencia ilícita que representan un problema crítico para la economía mexicana y el cumplimiento de las leyes de propiedad industrial, fiscal, y de consumo.
La importación y distribución de productos pirata vulnera los derechos de propiedad industrial e intelectual de las marcas registradas. Estos productos no sólo perjudican a las empresas titulares de los derechos, sino que también ponen en riesgo a los consumidores, ya que a menudo no cumplen con los estándares de calidad ni seguridad establecidos. Ejemplos: cómputo y software, los programas informáticos pirata generan enormes pérdidas para los desarrolladores y fomenta la distribución de productos que pueden incluir malware o carecer de soporte técnico. Perfumes y cosméticos falsificados pueden contener sustancias peligrosas, y son un riesgo para la salud pública. Ropa y accesorios, que afectan a marcas de prestigio y reducen el empleo en la manufactura nacional. Cigarrillos y licores, contrabandeados clonados evaden impuestos y frecuentemente no cumplen con las regulaciones sanitarias, lo que los hace potencialmente letales.
El contrabando y la distribución de bienes piratas tampoco cumplen con las leyes fiscales y las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) que exigen que los productos cumplan con ciertos estándares de etiquetado, que obliga a indicar el país de origen, proporcionar información verídica sobre los ingredientes o materiales utilizados, garantizar que los productos cumplen con especificaciones técnicas que no pongan en riesgo la salud, la seguridad y la vida de las personas.
Los productos ilegales no cumplen con estas disposiciones, lo que perjudica al consumidor y reduce la competitividad de las empresas que operan dentro del marco legal.
Además, estas prácticas representan una evasión masiva de impuestos. En 2023, se estimó que el contrabando de licores y cigarrillos generó pérdidas fiscales de miles de millones de pesos, afectando directamente a la recaudación tributaria y al presupuesto para servicios públicos.
El avance de la tecnología ha facilitado el robo de señales y la distribución de contenido protegido por derechos de autor a través de plataformas digitales. Este tipo de piratería afecta principalmente a la Industria de Streaming y Televisión: los servicios de IPTV ilegales ofrecen contenido sin autorización, perjudicando a los proveedores legales de música y películas.
Las leyes mexicanas, como la Ley Federal del Derecho de Autor y el Código Penal Federal, tipifican como delito la reproducción y distribución no autorizada de obras protegidas. Sin embargo, la aplicación efectiva de estas leyes sigue siendo un reto debido a la magnitud del problema y a la dificultad de rastrear actividades ilícitas en el entorno digital.
La piratería y el contrabando representan un desafío significativo para la economía y la legalidad en México. Abordar este problema requiere un esfuerzo conjunto de las autoridades, la industria y la sociedad. Solo mediante la aplicación rigurosa de las leyes y el cambio de prácticas comerciales y de los consumidores se podrá mitigar el impacto de éstas en el país. ¿O no, estimado lector?
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