La historia reciente de Perú ha estado marcada por la polarización en torno a la figura de Pedro Castillo, quien asumió la presidencia el 28 de julio de 2021 y fue destituido el 7 de diciembre de 2022. Su gobierno ha suscitado debates fervientes: mientras unos lo ven como un líder campesino víctima de un golpe de Estado, otros sostienen que su mandato estuvo signado por actos corruptos y un supuesto autogolpe al cerrar el Congreso.
El análisis factual de su gestión revela una serie de actos que han sido objeto de escrutinio. Por ejemplo, el congresista Diego Bazán acusó a Castillo de traición a la patria por ofrecer versiones contradictorias sobre un posible acceso al mar para Bolivia; esta denuncia no prosperó en los tribunales.
Investigaciones sobre su administración han permitido delinear un perfil muy distinto al que promovían algunos de sus aliados, incluyendo al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien lo presentaba como un humilde profesor de escuela rural. En contraste, se ha documentado un modus operandi en el que Castillo estableció un gabinete en la sombra, rodeándose de personas cercanas con el fin de facilitar un sistema de corrupción. Bajo este entorno, Castillo tuvo 78 ministros en cinco gabinetes durante su breve mandato.
Entre los implicados en este entramado se encuentra Salatiel Marrufo, detenido en octubre de 2022, quien estuvo a cargo de la gestión de 34 proyectos de obras públicas. Marrufo, según las versiones, facilitó pagos mensuales a Castillo por sumas cercanas a 50,000 soles, lo que equivale a aproximadamente 271,000 pesos mexicanos, con el propósito de mantenerlo en la presidencia.
También se registraron transacciones monetarias hacia familiares de Castillo, incluida su hermana Gloria, quien recibió 60,000 soles en dos ocasiones bajo circunstancias cuestionables. Estos actos han alimentado las declaraciones de varios testigos, siendo la de Marrufo la que más concernía a Castillo, dada su cercanía y conocimiento de operaciones internas.
En un episodio particularmente revelador, Castillo autorizó a un familiar, Rubdel Oblitas, a solicitar 100,000 soles a un alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia para influir en medios de comunicación, destacando la intención de pagar a periodistas para que publicaran reportajes sobre sus adversarios.
La imagen del “profesor humilde” ha sido efectiva en el discurso político, pero ha quedado ensombrecida por el trasfondo criminal que muchos analistas asocian con su administración. Además, el propio Castillo fue señalado por plagiar su tesis de maestría, un acto que refleja una ética cuestionable en el desempeño de sus funciones.
A medida que se profundiza en los recovecos de su gestión, es evidente que la narración sobre su figura trasciende el mito construido por algunos. La información recabada refleja una realidad compleja que continúa impactando la política peruana y el juicio de la opinión pública.
Los detalles expuestos aquí, aunque proceden de investigaciones y testimonios previos a esta fecha de publicación, se mantienen relevantes en el contexto de un Perú que aún lidia con las repercusiones de la era Castillo. Es indispensable seguir evaluando y contextualizando estos hechos mientras el país navega por sus propios desafíos democráticos.
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