En México, los médicos y otros profesionales de la salud pública han estado trabajando en circunstancias adversas por años. Enfrentándose a la carencia de insumos, a la inseguridad y a dilemas éticos constantes, se presentan ante pacientes y familias en situaciones límite. Sin embargo, en vez de recibir el apoyo que merecen, muchos han sido criminalizados por tragedias que están fuera de su control. Un caso destacado es el del Dr. Alejandro Mundo Alegría, un reconocido pediatra intensivista que fue detenido en Chiapas tras la muerte de un menor durante una cirugía. Este evento ha generado una gran preocupación en el sector salud.
Acusado sin una investigación técnica adecuada ni pruebas que demuestren dolo, el Dr. Mundo enfrenta prisión preventiva oficiosa, un proceso que pone en tela de juicio la presunción de inocencia y sus derechos humanos. Este incidente, en un contexto de incertidumbre por la reestructuración del Poder Judicial, ilustra la fragilidad de la seguridad jurídica para los médicos y deteriora la confianza en el sistema de justicia en México.
La labor médica, especialmente en áreas críticas como la terapia intensiva pediátrica, se lleva a cabo en entornos extremadamente complejos. La Asociación Mexicana de Terapia Intensiva Pediátrica (AMTIP) subraya que los médicos a menudo se encuentran tomando decisiones vitales bajo presión extrema y con recursos limitados. En Chiapas, el personal médico enfrenta condiciones precarias, lo que potencia la vulnerabilidad en situaciones críticas. La Confederación Nacional de Pediatría de México (CONAPEME) señala que criminalizar a los médicos sin pruebas no solo es injusto, sino que socava el Estado de Derecho.
El Dr. Mundo ha sido descrito por la Asociación Mexicana para el Estudio de las Infecciones Nosocomiales (AMEIN) como un profesional con “trayectoria intachable”. Su arresto, ocurrido el 6 de junio de 2025 en Tuxtla Gutiérrez, estuvo acompañado de una exposición mediática que comprometió su presunción de inocencia, un derecho protegido por la Constitución y tratados internacionales. La CONAPEME condena esta exhibición pública y exige que se responsabilice a las autoridades correspondientes, haciendo hincapié en que la práctica médica es un acto de buena fe, no un delito.
Este no es un caso aislado. En 2020, el Dr. Gerardo Grajales Yuca fue detenido en Chiapas por cargos cuestionables, evidenciando cómo la criminalización puede desincentivar a los médicos a trabajar en áreas de alto riesgo. En un sistema de salud que ya enfrenta carencias crónicas, los profesionales deben lidiar con dilemas éticos que ponen en riesgo la atención médica, como decidir qué paciente atender primero en situaciones de sobrecarga. Este proceso de toma de decisiones bajo tensión no debe ser penalizado.
La incertidumbre provocada por la nueva conformación del Poder Judicial agrava la situación y plantea interrogantes: ¿se garantizará un sistema que respete el debido proceso o se continuarán perpetuando prácticas arbitrarias? El caso del Dr. Mundo resalta la imperiosa necesidad de un Poder Judicial que investigue de manera rigurosa y que sostenga la justicia. Sin esas garantías, los profesionales de la salud seguirán trabajando bajo el miedo al juicio y la criminalización, lo que afectará la atención médica, especialmente en regiones vulnerables como Chiapas.
La comunidad médica, unida por la búsqueda de justicia para el Dr. Mundo, invita a la reflexión acerca de qué tipo de justicia queremos: una que castiga sin pruebas o una que respeta el esfuerzo de aquellos que salvan vidas en circunstancias adversas. AMEIN advierte que la criminalización de la práctica médica, sin la evaluación técnica adecuada, representa un riesgo para la profesión en todo el país, haciendo que la liberación inmediata del Dr. Mundo y una revisión justa de su caso sean cuestiones de suma importancia.
En un contexto de creciente preocupación por la salud mental en el sector médico, la trágica muerte de un médico residente en el Hospital CMN 25 del IMSS en Monterrey pone de relieve la gravedad del ambiente laboral. Expuestos a un entorno tóxico caracterizado por acoso y cargas excesivas, los residentes, quienes son fundamentales para la atención médica en México, reclaman acciones urgentes para asegurar su bienestar y dignidad. Este suceso no es único; varios médicos residentes ya han sucumbido a la desesperación, lo que exige un cambio estructural inmediato.
Por otro lado, el sector de dispositivos médicos también está experimentando cambios significativos. La empresa Vantive, recientemente escindida de Baxter, ha nombrado a Larry Vasco como gerente general para México, Centroamérica y el Caribe. Vasco cuenta con dos décadas de experiencia, lo que posiciona a la compañía para impulsar innovaciones en terapias renales y soluciones digitales de telemedicina.
Además, Alfasigma México ha anunciado una significativa inversión de 100 millones de pesos, consolidando su liderazgo en el mercado de Consumer Healthcare con un enfoque en soluciones para problemas gastrointestinales. Esta inversión refuerza el compromiso de la farmacéutica de ofrecer soluciones innovadoras en un sector crítico, destacando así su intención de contribuir en el ámbito de la salud en México.
Mientras las preocupaciones por la justicia y las condiciones de trabajo en el sistema de salud se profundizan, el destino de los profesionales sanitarios y la calidad de la atención médica en el país quedan en la balanza.
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