México se enfrenta a un horizonte incierto mientras se aproxima el año 2026. La reciente evaluación de los analistas del Baker Institute de la Universidad de Rice arroja un escenario sombrío: el país transitará un periodo de estancamiento, marcado por un crecimiento débil y reformas que continúan postergándose. Se proyecta que el crecimiento económico será apenas del 1.3 al 1.5%, una continuación del rezago que ha caracterizado al gobierno anterior.
Los números son claros y contrastan con la narrativa oficial que asegura que se avanza por el camino correcto. La deuda pública, que alcanzó el 51.3% del PIB en 2024, representa el nivel más elevado en los últimos 25 años. Por su parte, la inversión pública en infraestructura sufrió una caída alarmante del 29% en los primeros meses de 2025, indicando que la falta de acción efectiva se ha vuelto habitual. Tal como lo señala la revista The Economist, las ventajas geográficas de México son numerosas, pero la falta de instituciones sólidas para capitalizarlas es una traba significativa.
Una de las transformaciones más relevantes en este contexto son las reformas constitucionales de 2024-2025, que han reconfigurado el panorama político del país. La eliminación de organismos autónomos como el INAI, la COFECE y la CRE no es un mero tecnicismo; significa que las decisiones sobre competencia, transparencia y regulación energética ya no están sujetas a organismos independientes, sino que responden directamente al Ejecutivo. Además, la reciente elección de jueces con mayoría del partido Morena plantea serias dudas sobre la capacidad del Poder Judicial para funcionar como contrapeso en la democracia.
En el ámbito comercial, la expectativa es igualmente inquietante. La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en 2026 no será simplemente un trámite administrativo. Se anticipa que Washington impondrá restricciones a la inversión china, elevará los requisitos de contenido local en manufacturas e incluso exigirá acceso a operativos estadounidenses en la lucha contra el narcotráfico. Este panorama de negociaciones tensas deja a México con poco margen de maniobra. A su vez, las remesas, que sumaron 64.7 mil millones de dólares en 2024, están experimentando un descenso, impactadas por políticas de deportación y nuevos impuestos.
El sector energético ilustra de manera contundente las contradicciones del país. Pemex, la petrolera más endeudada del mundo, requiere cada vez más subsidios, mientras su producción sigue disminuyendo. La salida de Iberdrola del país, citando la inseguridad jurídica, es un signo preocupante de que las inversiones extranjeras pueden estar en riesgo. Dependemos de Texas para más del 70% de nuestro suministro de gas natural, sin haber construido reservas estratégicas ni diversificado proveedores. La transición energética, en este contexto, parece más un discurso que una realidad tangible.
Uno de los aspectos más alarmantes es la ausencia de un plan alternativo. El “Plan México”, presentado a inicios de este año, carece del financiamiento necesario en el Paquete Económico para 2026. La oposición, fragmentada y desorganizada, no ha podido presentar una alternativa creíble. Por su parte, la administración de Claudia Sheinbaum parece más centrada en mantener la narrativa que en implementar cambios significativos.
El informe del Baker Institute concluye que, para 2026, México enfrentará “estabilidad sin progreso”. Esta evaluación puede parecer dura, pero refleja una realidad que es difícil de ignorar. El país posee herramientas y ventajas, desde una ubicación geográfica privilegiada hasta un tratado comercial con la mayor economía del mundo, así como una población joven y dinámica. Sin embargo, lo que escasea es la voluntad política para abordar decisiones que han sido postergadas por décadas.
A medida que 2026 se aproxima, queda la expectativa de si finalmente se enfrentará a estas realidades o si será, una vez más, otro capítulo en una larga historia de oportunidades desperdiciadas. La elección es limitada, pero aún está en manos del país.
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