El escenario diplomático entre Perú y México ha dado un giro significativo, marcando un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales. El viernes, el gobierno peruano anunció su intención de solicitar una revisión de las normas sobre asilo diplomático en la región. Esta decisión surge a raíz del asilo otorgado a la ex primera ministra Betssy Chávez, quien se encuentra resguardada en la embajada de México en Lima.
El conflicto se intensificó el lunes, cuando Perú rompió relaciones diplomáticas con México, alegando que la concesión de asilo a Chávez equivale a una injerencia en sus asuntos internos. La ex primera ministra enfrenta cargos por intento de golpe de Estado ocurrido en diciembre de 2022, en un proceso judicial que se ha prolongado desde marzo de 2025. Si se le declara culpable, podría enfrentar una pena de 25 años de prisión.
Desde la adopción de la Convención de Caracas de 1954 sobre asilo diplomático, Perú ha expresado su preocupación por el uso indebido de esta norma. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú destacó en un comunicado que se han registrado casos en los que delitos comunes han sido clasificados erróneamente como persecución política. Al respecto, indicó que “en ningún caso debe utilizarse para eludir la aplicación de las leyes nacionales” y que se debe evitar que personas que han delinquido escapen a las decisiones judiciales.
En este contexto, Perú planea presentar ante la Organización de Estados Americanos (OEA) una propuesta para modificar dicho convenio, buscando así prevenir lo que consideran una tergiversación de su esencia. El presidente José Jerí afirmó que, aunque reconocen los tratados internacionales, no se pronunciarán por el momento sobre el salvoconducto que se requiere para que Chávez pueda abandonar el país.
Por su parte, el parlamento peruano declaró a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como “persona non grata”, señalando su “inaceptable injerencia en los asuntos internos” de Perú. México, a su vez, ha rechazado dichas acusaciones, defendiendo su posición y asegurando que no ha intervenido en los asuntos internos peruanos.
Las relaciones entre ambos países ya habían comenzado a deteriorarse tras la destitución de Pedro Castillo, cuando México otorgó asilo a su esposa e hijos. Desde entonces, los gobiernos de Perú y México han retirado a sus embajadores, aunque continúan con intercambios comerciales bilaterales.
Este conflicto entre ambos países resalta las complejidades del asilo diplomático en América Latina y las tensiones que pueden surgir en un contexto político volátil. A medida que avanzan las negociaciones y la situación se desarrolla, el futuro de estas relaciones se mantiene en la balanza.
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