El Gobierno de Perú ha tomado medidas decisivas en respuesta a la crisis financiera que enfrenta Petroperú, la empresa estatal de hidrocarburos del país. A través de un “decreto de urgencia” emitido recientemente, se ha aprobado una reorganización patrimonial que permitirá la entrada de inversión privada en activos clave de la compañía, con el objetivo de asegurar su continuidad operativa.
Este decreto, firmado por el presidente José Jerí, faculta a Petroperú para fracturarse en varios “bloques patrimoniales”. Entre estos activos se incluye la refinería Talara, que ha sido objeto de una modernización costosa, con una inversión cercana a los 6,500 millones de dólares. La propuesta no solo busca atraer capital privado, sino también establecer un esquema de fideicomisos y garantías que permitan cubrir los “pasivos críticos” de Petroperú utilizando los ingresos generados por estos activos.
Al margen de la refinería Talara, Petroperú es una de las mayores compañías petroleras en Perú, operando o concesionando seis lotes de crudo, sin embargo, su producción ha sido limitada. La compañía también cuenta con una robusta red de distribución y comercialización de combustibles.
En un contexto de urgencia, el Gobierno ha dispuesto un aporte de capital de 71 millones de dólares para 2026, destinado a financiar la reducción de personal en la empresa, reflejando así la complejidad de la situación laboral que enfrenta.
El Ministerio de Energía y Minas ha subrayado que la situación financiera de Petroperú es “especialmente sensible”, con pérdidas acumuladas que alcanzan los 479 millones de dólares entre enero y octubre de 2025, además de deudas a proveedores que ascienden a 764 millones de dólares. En el pasado año, la compañía reportó pérdidas de 774 millones de dólares, en gran parte debido a las deudas incurridas por la mencionada modernización de Talara, un proyecto que costó el doble de lo originalmente estimado.
La reciente designación de un nuevo presidente del directorio, el tercero en menos de tres meses, refleja la inestabilidad interna de la compañía. Con el decreto, se persigue garantizar no solo el abastecimiento de combustibles, sino también el cumplimiento de las obligaciones financieras mediante una gestión eficiente de los activos que, en última instancia, podría llevar a Petroperú hacia una mayor autosuficiencia.
Cabe destacar que, como consecuencia de su crisis económica, en 2022 Petroperú perdió su grado de inversión, un síntoma del deterioro en su situación financiera. Entre 2022 y 2024, el Estado peruano ha intervenido con medidas de apoyo financiero por un total de 5,317 millones de dólares, un reflejo del compromiso gubernamental con la estabilidad de esta estratégica empresa.
Esta reorganización patrimonial, que entra en vigor por un año, establece un camino hacia la recuperación que, aunque lleno de retos, presenta nuevas oportunidades en un contexto económico tan complicado.
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