En diciembre de 2025, un exguerrillero colombiano ha estado en el centro de un intenso debate en torno a su relación con el narcotráfico y el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. El excombatiente ha tomado una postura firme, buscando distanciarse de las acusaciones que lo vinculan con el narcotráfico que, según informes, se realiza en colaboración con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Este escenario es especialmente significativo, ya que las relaciones entre Colombia y Venezuela han sido históricamente complejas y cargadas de tensiones.
El exguerrillero ha declarado que la administración de Donald Trump le ha hecho creer que es un testaferro de Maduro, algo que él niega categóricamente. La afirmación despierta un clima de incertidumbre y preocupación respecto a la influencia del narcotráfico en la política regional. Las conexiones entre estas dos entidades —el ELN y el gobierno venezolano— han sido objeto de muchas investigaciones y análisis, donde se sugiere que el narcotráfico juega un papel crucial en el financiamiento de actividades ilícitas que afectan la seguridad en Colombia y sus alrededores.
La región ha visto un aumento de la actividad del ELN, que, tras la firma de acuerdos de paz con otras guerrillas, ha buscado consolidar su poder a través del tráfico de drogas. Esto no solo ha deteriorado la situación interna en Colombia, sino que también ha atraído la atención internacional, especialmente en el contexto del fortalecimiento de las políticas antinarcóticos por parte de Estados Unidos.
Además, el exguerrillero alude a una falta de entendimiento por parte de las autoridades estadounidenses respecto a la complejidad dinámica de la situación en la región. La percepción de su persona se ha vuelto un punto de nerviosismo tanto para él como para la comunidad internacional, que observa cómo las narrativas de los actores políticos pueden influir en la toma de decisiones.
El clima de desconfianza se agrava con las relaciones entre los Estados Unidos y el régimen de Maduro, que ha sido criticado por numerosos gobiernos y organizaciones internacionales. En este contexto, las acusaciones de ser un nexo entre el narcotráfico y el gobierno venezolano subrayan los desafíos que enfrentan tanto Colombia como su vecino del oeste.
A medida que avanza el año 2026, el drama en torno a esta figura se intensificará, y será crucial observar cómo sus declaraciones y la evolución de la situación impactan en las políticas regionales y en la percepción internacional de la lucha contra el narcotráfico en Sudamérica. Los ojos del mundo seguirán atentos a las transformaciones en este complejo entramado, donde las fronteras entre política, crimen y militarismo continúan difuminándose.
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