El 2 de octubre de 2017, los ánimos estaban caldeados en Cataluña. La víspera, agentes de la Policía y de la Guardia Civil habían reprimido con dureza el referéndum ilegal de independencia organizado por la Generalitat. Cientos de personas apostadas en los centros de votación sufrieron las cargas de los agentes, que trataban de entrar para requisar las urnas en cumplimiento de una orden judicial. En las semanas y días previos al 1-O, esos policías habían sido desplazados a Cataluña desde otras partes de España y alojados en barcos y hoteles. Un nutrido contingente de casi 500 antidisturbios fue a parar a dos establecimientos de Pineda de Mar (Barcelona). La noche del día 2, cientos de personas se concentraron frente a uno de esos dos hoteles para protestar por la presencia de los agentes y exigir su expulsión. Al establecimiento se dirigieron también dos concejales del Partit dels Socialistes (PSC) de Pineda, que gobernaba el municipio, y el jefe de la policía local. Tenían un objetivo: obligar a los propietarios a desalojar a esos huéspedes incómodos de inmediato. Lo lograron.
Más de cinco años después de aquel episodio, los dos concejales —la entonces primera teniente de alcalde, Carme Aragonès, y el que era titular de Urbanismo, Jordi Masnou, que hoy sigue siendo edil de la corporación— han aceptado un año de cárcel y otro año de inhabilitación para ejercer cargos públicos por un delito de coacciones. El fiscal de delitos de odio de Barcelona, Miguel Ángel Aguilar, solicitaba inicialmente una pena de tres años de prisión. Este martes, al inicio de la vista oral en la Audiencia de Barcelona, ha anunciado que había alcanzado un pacto con la defensa de los acusados y ha rebajado la pena al aplicarles a ambos la atenuante de dilaciones indebidas, ya que el proceso judicial se ha prolongado excesivamente. El jefe de la policía local, Carles Santacreu —que sigue al frente del cuerpo—, no se ha sumado al pacto, por lo que el juicio se ha celebrado de todas formas. Está previsto que Santacreu declare el miércoles, en la segunda y última sesión de la vista oral.
Según el relato de la Fiscalía, asumido ahora por los dos concejales, Aragonès, Masnou y Santacreu se presentaron la noche del día 2 de octubre en el hotel Checkin Mont Palau, de Pineda, “con el firme propósito de conminar a la dirección de la cadena hotelera para lograr la expulsión de los funcionarios de policía”, que teóricamente debían permanecer allí hasta el día 5. Los tres acusados entraron en el despacho del director y le expusieron sus demandas. “No dijeron por qué querían expulsarlos, pero la situación estaba complicada, había mucha tensión en la calle”, ha afirmado en su declaración como testigo el director, que les pasó al teléfono con el gerente de la cadena hotelera.
En la llamada telefónica, que ha sido clave para acreditar el delito de coacciones, el entonces concejal de Urbanismo le dijo a gritos al gerente, Juan Martín del Hoyo, que debía desalojar “sí o sí” a los policías porque, de lo contrario, el Ayuntamiento cerraría durante “cinco años” los dos hoteles. “Haré todo lo que tenga que hacer para cerrar los hoteles”, amenazó el edil, que en la actualidad sigue desarrollando tareas de gobierno en Pineda como concejal de plan de reconstrucción, empresa, planteamiento y grandes proyectos. Del Hoyo ha recordado, en su declaración como testigo, cómo se sintió con esa llamada. “Me dejó bastante estresado. Que te llamen a medianoche y te aprieten para echar a unos clientes del hotel no es agradable. Fue una conversación fuerte, subieron el tono. Me dijo que tenía que desalojarlos sí o sí, yo le dije que tendría que ser al día siguiente, que no teníamos la seguridad para desalojar”, ha dicho en alusión a la presencia hostil de manifestantes a las puertas del establecimiento.
El gerente se resistió, recordó que debía alojarles hasta el día 5. Pero las presiones y amenazas de cierre le doblegaron. Forzado por las circunstancias, acabó redactando una carta que entregó a los jefes de la Policía Nacional: “Debido a una reunión que hemos tenido con responsables del Ayuntamiento de Pineda de Mar, nos vemos obligados, bajo amenaza de cerrarnos los hoteles durante cinco años, a desalojar al contingente de policías de los dos hoteles, mañana día 3, antes de las 16 horas”. Uno de los mandos policiales responsable de gestionar el alojamiento de los miembros del cuerpo ha explicado que vio al gerente “en un estado de nervios puro y duro” y que le suplicaba que desalojara a los agentes. “Esa noche, los policías ya no cenaron. Al día siguiente, hubo que conseguir un menú frío y buscar otros alojamientos, en Peñíscola y Fraga, donde les reubicamos”, ha contado este mando.
Unas 800 personas —que el fiscal califica como “multitud exacerbada” en su escrito— permanecían mientras tanto, la noche del 2, en las inmediaciones del hotel. La exprimera teniente de alcalde Aragonès concedió en ese momento una entrevista a La Sexta para explicar el supuesto “acuerdo” al que había llegado con el hotel: “Hemos pedido que se han de ir, porque los ánimos están irritados y no hay motivo para que estén aquí (…) Hemos llegado al acuerdo de que mañana por la tarde se van. Esto no se podía sostener, estábamos poniendo el municipio y las calles en riesgo y no valía la pena”.
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