La crisis del transporte público en la Ciudad de México (CDMX) está en el centro del debate público, y se prevé que el año 2026 será particularmente desafiante. Las negociaciones entre los transportistas de la ciudad y las autoridades de la Secretaría de Movilidad y Finanzas están en curso. Los transportistas exigen un aumento de $2 pesos en la tarifa del transporte público y un subsidio gubernamental que compense la diferencia entre la tarifa actual y el costo real por pasajero. Este pedido responde a la creciente presión económica que enfrentan los operadores, quienes también solicitan un bono mensual para cubrir los costos de combustible, un gasto que, en algunos casos, supera los $7,500 pesos al mes por cada unidad.
No obstante, el impacto de un aumento en las tarifas podría ser considerable para las finanzas de muchas familias mexicanas. Actualmente, el pasaje en microbuses y vagonetas cuesta entre $6 y $7.50, mientras que los autobuses cobran entre $7 y $8 en corredores concesionados. El Metrobús y el Metro tienen tarifas de $6 y $5, respectivamente, una estructura de precios que, aunque estable, está bajo presión de cambio.
Desde 1997, las tarifas de transporte han aumentado cada cinco años, con el último incremento registrado en 2022. Sin embargo, la situación actual presenta un dilema: mientras que las opciones de movilidad como el Metro, Metrobús, y el Trolebús han mejorado en calidad y rapidez, los usuarios exigen soluciones para las malas condiciones de los vehículos en muchas rutas. Si se implementa el aumento solicitado, las tarifas mínimas podrían escalar de $6 a $8. También se ha discutido la posibilidad de tarifas fijas que oscilen entre $12 y $14 pesos.
El efecto de este aumento en la economía familiar podría ser duro; se estima que el costo del transporte podría incrementarse en un 7.89%, lo que se traduciría en un gasto mensual adicional de alrededor de $100 pesos en promedio para quienes utilicen diversas modalidades de transporte. Con un salario mínimo de $8,364 pesos en México, estos ajustes resultan significativos, especialmente para los usuarios de bajos ingresos.
Sin embargo, el dilema no se limita a la economía individual. Para muchos mexicanos, las condiciones del transporte público son perturbadoras. Las unidades deterioradas y la falta de mantenimiento están a la orden del día, lo que ha generado una crisis de confianza en el servicio. Los transportistas y propietarios de unidades claman por aumentos en las tarifas para cubrir sus costos operativos, pero la verdad es que un aumento sin una mejora palpable en el servicio no resolverá los problemas sistemáticos que enfrenta el sector.
En resumen, la discusión sobre el transporte público en CDMX está lejos de resolverse. La situación requiere un enfoque integral que combine ajustes tarifarios con la mejora de la calidad del servicio, para equilibrar las necesidades de los usuarios y la sostenibilidad del transporte. Con toda esta incertidumbre, el futuro del transporte público en la capital del país se perfila como un reto monumental.
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