La reciente prórroga de tres meses acordada entre México y Estados Unidos representa un nuevo capítulo en la compleja relación comercial entre ambos países. Utilizando una metáfora, se podría decir que mientras un huracán de alta categoría parecía inminente, la tormenta se ha desviado, pero las nubes siguen oscuras y las lluvias amenazan.
Este acuerdo, gestado tras la conversación entre Donald Trump y Claudia Sheinbaum, es sin duda una noticia positiva, aunque no elimina la incertidumbre en el sector. A pesar de la prórroga, siguen vigentes cargas tarifarias significativas, como los impuestos aplicados al acero, aluminio, autos, autopartes y otros productos, incluido el jitomate. De acuerdo con los datos, aún un 84% de los productos mexicanos mantiene acceso al mercado estadounidense sin aranceles.
Los próximos 90 días se perfilan como un periodo crítico. Estados Unidos parece haber dejado en claro que es necesario abordar las “barreras no arancelarias”. Estas barreras comprenden regulaciones y políticas que limitan la operación de empresas extranjeras en México. Así, surge la pregunta sobre cómo podrían influir en esta discusión las decisiones del gobierno mexicano en el sector energético, donde la protección de Pemex y CFE ha sido una bandera de la actual administración. Esto podría generar tensiones, ya que el T-MEC promueve la apertura y la competencia en el ámbito petrolero, mientras que la narrativa nacionalista del gobierno podría entrar en conflicto con los compromisos asumidos.
El capítulo energético es solo una de las áreas potencialmente conflictivas. Además, la dependencia creciente de México en el suministro estadounidense de gasolina y gas natural plantea vulnerabilidades que podrían ser explotadas en tiempos de tensión. Políticas limitadas de venta de energía a México podrían convertirse en una herramienta de presión para Estados Unidos.
Estados Unidos podría también plantear reclamos sobre una serie de barreras no arancelarias que han sido objeto de críticas, como las experiencias previas con el aeropuerto de la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), que han afectado a aerolíneas estadounidenses. La expropiación de activos de la empresa Vulcan en Quintana Roo podría ser un tema candente, costando potencialmente al gobierno mexicano cientos de millones de dólares, además de una posible rectificación necesaria.
Otro punto relevante es la propiedad intelectual. Estados Unidos ha criticado la protección insuficiente de los derechos de propiedad industrial en México, señalando un aumento en la exportación y venta de productos falsificados. La reducción del presupuesto del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual fue un motivo de malestar expresado por la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR).
La presión estadounidense podría incrementar en las próximas semanas, especialmente si se tiene en cuenta el deseo del gobierno de marcar distancia de China en el tema comercial. Las expectativas sobre cómo responderá México a estas exigencias serán objeto de atención durante este periodo crítico.
Al analizar las comunicaciones emitidas por ambos gobiernos, destaca que mientras en México se enfatiza el T-MEC, la administración estadounidense prefiere no mencionarlo abiertamente. Esta disparidad podría ser un indicador de las renegociaciones venideras en el contexto del tratado, añadiendo más incertidumbre a la relación bilateral. Con un entorno de negociación tan volátil, las preguntas sobre el futuro se multiplican, y el tiempo se convierte en un factor crucial.
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