Las recientes manifestaciones en Ecuador han tomado un giro significativo, paralizando diversas regiones del país y presionando al presidente Daniel Noboa para que tome medidas concretas. El descontento social ha surgido tras la decisión de eliminar el subsidio al diésel el 12 de septiembre, lo que provocó un aumento en el precio del combustible, pasando de 1,80$ a 2,80$ por galón. Esta alza ha tenido un impacto profundo en sectores vitales como la agricultura, la pesca y el transporte, afectando especialmente a la población indígena que depende de estos recursos para su sustento diario.
Los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes se han intensificado, resultando en un saldo trágico: un muerto, decenas de heridos y más de 100 detenciones. En un intento por mantener el orden, el ejército ecuatoriano ha desplegado 5.000 tropas en la capital, Quito, una medida tomada tras el ataque a la caravana presidencial por parte de los manifestantes a principios de la semana.
Las protestas han cobrado mayor fuerza en las provincias del norte, como Imbabura, donde Noboa logró una amplia victoria en las elecciones de abril. La situación es tensa y las acusaciones de ambos lados se multiplican, cada parte responsabilizando a la otra por el incremento de la violencia en las calles.
A medida que la situación evoluciona, el futuro del diálogo entre el gobierno y los manifestantes sigue siendo incierto, lo que deja a muchos compatriotas preocupados por el rumbo que tomará el país. La falta de comunicación y entendimiento entre las partes aumenta el riesgo de que la situación se agrave.
Esta información corresponde a la fecha de publicación original, 2025-10-10 04:54:00.
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