Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) se vieron envueltos en un polémico suceso en Minneapolis, donde dos ciudadanos estadounidenses perdieron la vida en acciones de control durante enero de 2026. Estos incidentes, enmarcados en la rígida política de inmigración del entonces presidente Donald Trump, han suscitado un intenso escrutinio sobre las justificaciones de los agentes.
El primer tiroteo ocurrió el 7 de enero, cuando un agente del ICE disparó a Renee Good, de 37 años, mientras ella se encontraba en su vehículo. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el disparo fue en defensa propia, alegando que Good intentó atropellar al agente. Sin embargo, videos de testigos que han circulado en línea ponen en duda la narrativa oficial, sugiriendo que la reacción del agente pudo haber sido desproporcionada.
Poco más de dos semanas después, el 24 de enero, otro agente disparó y mató a Alex Pretti, también de 37 años. En este caso, el DHS argumentó que Pretti se había acercado con una pistola y había resistido los intentos de desarme. Sin embargo, las grabaciones verificadas parecen mostrarlo sosteniendo un teléfono mientras intentaba ayudar a otros manifestantes cuando ocurrió el tiroteo. Esta discrepancia ha llevado a los funcionarios locales a cuestionar la versión presentada por el gobierno federal.
Analizando las posibles repercusiones legales de estos incidentes, es crucial entender el marco normativo que rige el uso de la fuerza por parte de los agentes de policía en Minnesota. La legislación estatal autoriza el uso letal de la fuerza únicamente en circunstancias donde un agente razonable considere que su vida o la de otros está en peligro inminente. Este estándar también se refleja en la ley federal.
El escenario se complica por la inmunidad que habitualmente gozan los agentes federales. Por lo general, los oficiales tienen protección judicial cuando actúan dentro de sus funciones oficiales, lo que podría permitirles evadir responsabilidades si el caso se traslada a un tribunal federal. Para que el estado de Minnesota pudiera procesar a estos agentes, tendría que probar que las acciones tomadas estaban fuera de sus atribuciones o eran evidentemente irrazonables.
Además, aunque los fiscales federales tienen la capacidad de presentar cargos por disparos mortales, el umbral de prueba es elevado. Tendrían que demostrar que los agentes actuaron con conocimiento de que su conducta era ilegal o con un desprecio imprudente a los límites de su autoridad constitucional. Hasta la fecha, la administración Trump se ha manifestado en defensa de la actuación de los agentes involucrados.
En cuanto a posibles defensas, los agentes podrían argumentar que sus acciones fueron razonables, alegando defensa propia o que no tenían la intención de causar harm a las víctimas. No obstante, quienes buscan justicia en nombre de las víctimas pueden intentar presentar demandas civiles. A pesar de la inmunidad que protege a los funcionarios federales en la mayoría de los casos, existe la posibilidad de que puedan responsabilizarse por daños en virtud de la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios de 1946, que permite a los ciudadanos demandar al gobierno por daños causados durante el ejercicio de sus funciones.
La controversia en torno a estos tiroteos resalta no solo la complejidad de las acciones de las fuerzas del orden, sino también las profundas implicaciones que tienen para la comunidad, en un panorama en el que la confianza entre los ciudadanos y las autoridades se ve severamente comprometida. A medida que investigan los detalles, el mundo espera respuestas que puedan arrojar más luz sobre la legitimidad de las acciones de los agentes del ICE y la posibilidad de que se haga justicia.
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