PYMEs y freelancers, grupos marginados por el gobierno.

España se enfrenta a desafíos significativos en su economía, donde las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) y los autónomos son piezas clave pero desproporcionadamente castigadas por la carga fiscal. En un contexto donde estas entidades representan un 60.9% del valor añadido al Producto Interno Bruto (PIB) y generan el 67.1% del empleo en el sector empresarial, su papel es vital para el crecimiento y la sostenibilidad económica del país. Sin embargo, la realidad es que muchos enfrentan una presión impositiva que roza lo insoportable.

Uno de los problemas más preocupantes radica en la falta de separación de bienes en uniones familiares. Este aspecto puede convertirse en un verdadero quebradero de cabeza si surgen dificultades con la Agencia Tributaria o la Seguridad Social, ya que cualquier deuda podría perjudicar gravemente a toda la familia. La mencionada Ley de Segunda Oportunidad, lejos de ofrecer un alivio significativo, resulta ineficaz para aquellos que ya enfrentan grandes cargas deudas.

El panorama de las PYMEs en España es más acentuado que en la media de la Unión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Mientras en promedio se espera que estas empresas en la UE contribuyan con un 53.6% al PIB, en España este porcentaje asciende a un notable 60.9%. Sin embargo, la productividad de estas pequeñas empresas es inferior a la de las grandes, lo que provoca una carga fiscal aún más desmesurada sobre ellas.

Desde la crisis de 2008, la situación no ha mejorado. Cada año se constituyen tantas empresas como las que cierran, manteniéndose en un ciclo de creación y destrucción que deja a muchas sin oportunidades. En 2024, se prevé que el crecimiento del valor añadido de las PYMEs sea del 5%, superando a la media de la UE, pero la desaceleración se anticipa en 2025, donde se espera un crecimiento de solo el 2%.

La escasez de mano de obra cualificada se presenta como otro obstáculo importante. Con una tasa de desempleo del 11.3% y más de 152,000 vacantes sin cubrir, el desajuste laboral afecta la competitividad del país. Las PYMEs, que constituyen el 99% del tejido empresarial y generan dos tercios del empleo privado, encuentran dificultades para atraer candidatos adecuadamente preparados.

Las razones son diversas: la falta de formación adecuada, condiciones laborales poco atractivas y un entorno que no favorece el emprendimiento. Las dificultades financieras son una constante, ya que la presión fiscal y las cargas impositivas afectan al 37.3% de las PYMEs y al 83.5% de los autónomos. En este último grupo, un 21.7% se considera “involuntario”, lo que subraya la precariedad de la situación laboral y la falta de alternativas dignas.

A medida que la economía se ve atrapada en una espiral de desaceleración, se estima que hasta 70,000 PYMEs están en riesgo de cierre para finales de 2025. Sin embargo, el estado de alerta no parece ser suficiente para incentivar cambios necesarios en las políticas públicas que alivien la carga sobre estos emprendedores.

Con una estructura empresarial que se percibe como insoportable para el pequeño y mediano empresario, la necesidad de reformar el entorno regulatorio se vuelve urgente. Las cifras indican que, sin un cambio claro hacia la simplificación de trámites y el apoyo directo a las pequeñas empresas, el futuro de muchas de ellas podría estar en riesgo. En resumen, estamos ante un sistema que, en lugar de apoyar la creación de empleo y la dinamización económica, parece castigar a quienes se atreven a emprender.

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