Hoy, 15 de octubre de 2025, en una entrevista exclusiva con Leonardo Curzio, el exalcalde de la Benito Juárez, Santiago Taboada, ha alzado la voz para cuestionar la reciente eliminación del Fondo de Desastres Naturales (Fonden). Este debate surge en medio de un contexto trágico: al menos 61 vidas se han perdido en regiones como Veracruz, Hidalgo y la Sierra de Puebla debido a inundaciones devastadoras.
Taboada destacó la importancia de reflexionar sobre “el costo humano de las decisiones financieras” tomadas en el pasado. Más de 60 muertos son una cifra que resuena como un eco de la inacción ante emergencias, planteando serias dudas sobre la capacidad de respuesta del gobierno actual.
La desaparición del Fonden ha reabierto un debate nacional que cuestiona la eficacia de su eliminación, un instrumento que, durante décadas, facilitó respuestas rápidas y técnicas ante crisis naturales. La ausencia de esta herramienta crítica ha exacerbado el impacto social y económico de los desastres, dejando a miles de familias en situaciones críticas y precarias.
La tragedia actual en Veracruz y Puebla podría haberse mitigado significativamente. En declaraciones, Taboada subrayó que “esos más de 35 mil millones de pesos hubieran servido para rehabilitar de manera inmediata la conexión en Poza Rica, los suministros en Hidalgo y la Sierra de Puebla”. Sin la disponibilidad de estos fondos centralizados, muchas comunidades enfrentan un aislamiento severo y retrasos significativos en la distribución de alimentos y medicinas.
El Fonden, un fideicomiso intergubernamental creado para hacer frente a fenómenos como huracanes, sismos o inundaciones, estaba diseñado para transferir recursos de forma rápida a los gobiernos estatales y municipales cuando las emergencias rebasaban sus capacidades locales. Con una amplia disponibilidad financiera que en ocasiones superó los 35 mil millones de pesos, este fondo permitió acciones inmediatas de rehabilitación en casos de desastres como el sismo de 2017.
Sin embargo, el fondo fue eliminado durante la administración anterior, con argumentos centrados en supuestos casos de corrupción y un mal manejo. A pesar de estas afirmaciones, Taboada cuestiona la falta de pruebas concretas que las respalden, destacando que “sin una sola prueba, sin un solo detenido”, se cerró una entidad vital para la atención a desastres.
La eliminación del Fonden no fue un hecho aislado; se inscribe dentro de un movimiento más amplio que incluyó la abolición de otros fideicomisos en sectores como ciencia, cultura y cine, bajo la promesa de centralizar recursos y manejarlos “de forma directa”. Críticos sostienen que este sacrificio se realizó por razones políticas, dejando a las comunidades más vulnerables sin un soporte estructural crucial para enfrentarse a los desastres.
El impacto humano y material de las inundaciones actuales podría haberse reducido en un 40% si el Fonden hubiera estado activo en estos momentos críticos. Expertos en protección civil advierten sobre las devastadoras consecuencias de esta eliminación, subrayando que la falta de un mecanismo robusto ha dejado a las familias sin la protección que una estructura como esta podría haber proporcionado.
En este contexto, queda la reflexión: ¿cómo se puede priorizar la política sobre la seguridad y el bienestar de la población en situaciones de emergencia? La respuesta puede ser más crucial de lo que parece, especialmente para quienes se enfrentan a las realidades duras de los desastres en el México actual.
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