¿Qué sucede en el campo mexicano?

Desde hace varios días, un fuerte movimiento social ha tomado las carreteras de Zacatecas, Guanajuato, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. Miles de productores agrícolas y transportistas han decidido cerrar autopistas y tomar casetas de peaje, organizando caravanas de tractores que avanzan hacia la Ciudad de México. Esta manifestación se origina como respuesta a la reciente reforma a la Ley de Aguas Nacionales, aprobada por la Cámara de Diputados, que ha generado un profundo rechazo entre los afectados.

Los agricultores advierten que la nueva legislación pone en riesgo el acceso al agua, un recurso indispensable no solo para riego, sino también para la supervivencia económica del campo. La reforma, que busca actualizar una ley creada en 1992, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, apunta a combatir la corrupción y revisar concesiones irregulares. Sin embargo, existe una gran preocupación por la posibilidad de que se modifiquen los mecanismos de concesión de agua, lo que podría severamente limitar la capacidad de heredar o vender derechos vinculados a sus tierras, un patrimonio fundamental para muchos ejidatarios.

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El descontento no se limita al tema de las concesiones. Otra inquietud surge con respecto a los sistemas de captación de agua de lluvia. Aunque las autoridades aseguran que no habrá restricción en programas existentes, los productores temen que la nueva regulación genere controles más estrictos sobre el uso del agua. A pesar de las promesas del gobierno de reconocer los sistemas comunitarios y priorizar el derecho humano al agua, la falta de claridad en la redacción actual ha llevado a los agricultores a exigir una explicitación que proteja el uso doméstico y comunitario de este recurso vital.

Las demandas de los manifestantes son claras y firmes. No se levantarán las protestas hasta que las garantías adecuadas sean incluidas en el dictamen. Entre sus exigencias destacan el mantenimiento de derechos de agua heredables y transmisibles, el reconocimiento legal de los sistemas comunitarios, la prevención de la concentración del recurso en grandes corporaciones, el aseguramiento del agua suficiente para la producción de alimentos y la tipificación como delito del robo y la contaminación del agua.

En medio de esta creciente tensión, el proceso legislativo avanza. A las 11:40 horas del 3 de diciembre, la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reforma. Este dictamen ahora pasará al pleno para discusión y eventual votación en los próximos días, dejando a una comunidad agrícola expectante y preocupada por su futuro.

Las manos que cultivan la tierra y cuya economía depende del agua, hoy están unidas no solo por el suelo que trabajan, sino también por un recurso que consideran vital para su existencia. La lucha por sus derechos hídricos continúa, y el desenlace de estas manifestaciones marcará un hito en la historia del acceso al agua en México.

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