El reciente marco legal en las telecomunicaciones de México sugiere un potencial conflicto entre la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). Este choque podría surgir especialmente en el contexto de la regulación asimétrica que se aplicará a Teléfonos de México (Telmex), particularmente en relación con la desagregación de su red local, comúnmente conocida como “la última milla”.
Se debe considerar que ambas comisiones son herederas de la extinta Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Este último era la entidad con la facultad de regular y sancionar a los agentes económicos considerados preponderantes en el sector, como es el caso de América Móvil, que posee el 33% del mercado fijo a través de Telmex y el 56% en el mercado móvil con Telcel.
Sin embargo, una reforma orgánica en 2024 llevó a la desintegración del IFT y de la Cofece, además de modificar las leyes de competencia y telecomunicaciones. Estas modificaciones levantan inquietudes, especialmente porque el IFT era el responsable de la regulación directa de Telmex bajo el marco legal anterior, lo que ya no será el caso.
Con la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LMTR), se otorgan poderes a la CRT en su artículo 10, fracción XXIV, para diseñar una política regulatoria centrada en la desagregación efectiva de la red local del agente económico preponderante, en este caso, Telmex. Al mismo tiempo, la revisión de la Ley de Competencia reconoce a la CNA como capaz de establecer medidas específicas para la desagregación local de Telmex, lo que podría complicar aún más la relación entre ambas entidades.
El significado de esta llamada desagregación es crucial no solo para el propio Telmex, sino para la industria en su conjunto. Permitir el acceso a la infraestructura de fibra óptica de Telmex podría ofrecer la oportunidad a competidores como Megacable, Izzi y Totalplay, así como a empresas regionales o locales, de ofrecer servicios que antes estaban restringidos, como la televisión de pago.
Un análisis por parte del despacho Fromow Consulting Group sostiene que la CNA deberá imponer regulaciones asimétricas y sanciones a los agentes económicos preponderantes, mientras que la CRT se encargará de vigilar el cumplimiento de estas normativas. Sin embargo, la redacción actual de las leyes genera ambigüedades que podrían resultar en conflictos de jurisdicción respecto a quién debe regular el acceso a la última milla de Telmex.
A pesar de este panorama complejo, existe un plazo de tiempo en el cual ambas comisiones podrán clarificar esta redacción. El gobierno de la Cuarta Transformación ha prometido que las políticas regulatorias que el IFT estableció no desaparecerán de inmediato, sino que se mantendrán vigentes hasta su natural expiración, lo que asegura que, hasta 2026, se contará con un marco regulatorio que, en su momento, tuvo su origen en el IFT.
Esta situación en torno a Telmex representa no solo un desafío, sino también una oportunidad crucial para reformar el ámbito de las telecomunicaciones en México, al tiempo que se busca fomentar una competencia más sana en el mercado y mejorar los servicios para los consumidores.
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