En 2024, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tomó una decisión significativa al suspender el 50% de descuento en el pago del servicio de luz para adultos mayores que poseían la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM). Este cambio generó una inmediata inconformidad en diversos sectores de la población, especialmente entre aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.
Ante esta situación, la bancada del Partido del Trabajo (PT) presentó en el Senado una iniciativa que busca reestablecer el crucial descuento en las tarifas eléctricas, dirigido a sectores específicos y vulnerables de la sociedad. La propuesta aboga por una reforma del artículo 4° de la Constitución, con el objetivo de que el suministro eléctrico sea considerado un derecho garantizado, seguro y continuo en México.
De aprobarse la iniciativa, el descuento del 50% en los recibos de la CFE beneficiaría a varias categorías de ciudadanos: personas con discapacidad, adultos mayores, madres solteras y aquellos que viven en condiciones de pobreza extrema. La intención es que este apoyo sea permanente y no dependa de cambios administrativos o presupuestales, asegurando así su continuidad para quienes más lo necesitan.
La discusión sobre esta iniciativa ha mantenido su curso en el Senado desde el año anterior, aunque aún no se establece una fecha concreta para su aprobación. Para que esta medida se convierta en ley, el proyecto deberá pasar por diversas comisiones, ser votado en el pleno, y finalmente ser ratificado por la Cámara de Diputados.
Es importante mencionar que, aunque el beneficio otorgado por el INAPAM fue cancelado, existen subsidios temporales disponibles en estados del norte del país, motivados por las altas temperaturas. Durante el año 2024, gobernaciones de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit aplicaron apoyos económicos en el cobro de electricidad, una medida que podría repetirse en el 2025 durante la temporada de calor extremo.
Este contexto resalta la relevancia de mantener un acceso asequible a servicios básicos como la electricidad, sobre todo para aquellos que enfrentan mayores desafíos económicos. La propuesta discutida en el Senado responde a esta necesidad latente dentro de la sociedad mexicana, y su evolución será crucial en la defensa de los derechos básicos de los ciudadanos. La información presentada se basa en datos disponibles hasta el 18 de agosto de 2025, por lo que se recomienda mantenerse actualizado sobre el desarrollo de esta y otras iniciativas relevantes.
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