Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), ha sido detenido recientemente en Tijuana, Baja California, en relación con el asesinato de Luis Donaldo Colosio, ocurrido hace casi 22 años. La detención se realizó el 8 de noviembre, alrededor de las 16:37 horas, en la colonia Los Reyes, a aproximadamente 13 kilómetros de Lomas Taurinas, el lugar del crimen. Hasta el momento, la Fiscalía General de la República (FGR) había inicialmente negado la captura, pero se ha confirmado que está bajo custodia en sus oficinas en la zona del río.
Aunque se desconoce el motivo exacto de su detención, se ha mencionado que podría estar vinculada a una reactivación de las investigaciones, sugiriendo la posibilidad de que múltiples autores hayan participado en el asesinato de Colosio. El diario Zeta Tijuana apunta que estos nuevos indicios podrían justificar la reciente arresto. Además, la presión política en torno al caso ha aumentado, especialmente conmemorando casi dos décadas y media sin claridad sobre los responsables de aquel trágico evento.
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Jorge Antonio Sánchez Ortega fue arrestado entre las calles Rey Carlos y Rey Baltazar, en una vivienda que no poseía número. La falta de información en torno a si la captura fue el resultado de una persecución o de una orden de aprehensión también ha suscitado curiosidad, dejando la puerta abierta a futuras actualizaciones.
La detención de Sánchez Ortega tiene como trasfondo que en 1993, la prueba de rodizonato de sodio confirmó que había disparado un arma de fuego, y también se cuenta con testimonios que lo ubicaron huyendo de la escena del crimen, así como la existencia de manchas de sangre de Colosio en su ropa. Estos elementos han contribuido a reavivar el interés por este caso sin resolver y a especular sobre la posibilidad de que su arresto permita revisar la narrativa original del asesinato.
Con el avance de estas investigaciones, muchos se preguntan qué nuevo rumbo tomará el caso de Luis Donaldo Colosio y si se buscarán más responsables del atentado, que en 1994 sacudió al país y dejó una profunda huella en la política mexicana. La FGR está bajo presión para redoblar sus esfuerzos y proporcionar respuestas que aún escapan a la justicia.
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