En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, miles de familias, colectivos y activistas se unieron en marchas a lo largo de diferentes estados de México, demandando verdad, justicia y acciones concretas contra la impunidad. Este movimiento resalta la grave crisis de desapariciones en el país, la cual ya supera las 100,000 personas no localizadas según cifras oficiales. La desaparición forzada no solo es una tragedia nacional, sino que también atraviesa territorios y generaciones.
En la Ciudad de México, los participantes marcharon desde el emblemático Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, llevando a cabo actividades en la Glorieta de los Desaparecidos. En su recorrido, muchos compartieron historias personales, como la de Diego, un joven secuestrado a los 16 años, cuya búsqueda ha sido una lucha constante para su madre.
En Guadalajara, más de mil personas protestaron desde la Glorieta de las y los Desaparecidos hasta el Palacio de Gobierno, enfatizando una falta de voluntad política para abordar esta crisis. Las denuncias se intensificaron con los recientes hallazgos de fosas clandestinas, que evidencian que las desapariciones continúan sin control.
En Durango, los colectivos realizaron actos simbólicos en los que colocaron listones en el “Árbol de la Esperanza”, mientras denunciaban la simulación por parte del gobierno y la necesidad de activar mecanismos internacionales de la ONU para enfrentar lo que consideran crímenes de lesa humanidad.
Las marchas no se limitaron a la capital; en Oaxaca, los colectivos solicitaron la creación de una Fiscalía Especializada en Desapariciones, rechazando la indiferencia institucional. En Sinaloa, las familias usaron zapatos y fotografías como símbolo de su dolor, recordando las cerca de 1,890 denuncias de desaparición en el estado.
En Tamaulipas, los participantes denunciaron más de 13,775 desapariciones, pidiendo a las autoridades que tomen acción. En Cuernavaca, el colectivo Regresando a Casa Morelos destacó que más del 10% de los cuerpos exhumados de fosas comunes permanecen sin identificar, exigiendo un plan integral de identificación genética y forense.
La situación en San Luis Potosí se tornó igualmente grave, con denuncias sobre zonas de exterminio y la minimización de hallazgos de restos humanos por parte de las autoridades. Este panorama sombrío refleja la urgencia de actuar.
No obstante el contexto desolador, estas marchas simbolizan la resistencia y la búsqueda incesante de esperanza por parte de las familias, que insisten en que la verdad y la justicia no sean simplemente palabras vacías en un contexto de dolor y sufrimiento. La lucha continúa, y la exigencia por un México donde se respete el derecho a la vida y la seguridad de cada ciudadano es más relevante que nunca.
La información aquí presentada es reflejo de la situación hasta el 30 de agosto de 2025, y continúa siendo un recordatorio de la persistente lucha por justicia en el país.
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