Los italianos se disponen a decidir en referendo este fin de semana cuestiones significativas para el futuro del país: la facilitación de la obtención de la nacionalidad y un refuerzo en los derechos laborales. Estas propuestas se enfrentan a la oposición del gobierno de Giorgia Meloni, que ha adoptado una postura firme contra las modificaciones.
Los residentes no europeos que no tengan lazos de matrimonio ni sanguíneos con Italia actualmente deben residir 10 años en el país para solicitar la nacionalidad. Con la nueva votación, impulsada por varios partidos y organizaciones no gubernamentales, se busca reducir este requisito a solo cinco años, alineándose así con prácticas de otras naciones como Alemania y Francia. Los partidarios del “sí” argumentan que esta reforma podría beneficiar a hasta 2.5 millones de personas, con el apoyo del Partido Demócrata (PD), principal fuerza de oposición en el país.
Sin embargo, Meloni, líder del partido Hermanos de Italia, ha manifestado su total desacuerdo, urging a la población a no participar en la votación. Esto se debe a que para que el resultado sea válido, se requiere una participación superior al 50% de los electores. Hasta el mediodía del domingo, la asistencia apenas alcanzaba el 7.41%, según el Ministerio del Interior.
La actual legislación, según Meloni, es “excelente”, y considera que Italia ya cuenta con una de las tasas más altas de naturalización en Europa, otorgando la nacionalidad a 213,500 personas en 2023, colocándola en el quinto lugar dentro de la Unión Europea. No obstante, su administración ya había restringido las condiciones de naturalización por derecho de sangre, limitándola a las dos generaciones más recientes, lo que ha impactado especialmente a descendientes de emigrantes en América Latina, como aquellos en Argentina. Ahora, para poder solicitar la nacionalidad, es necesario que al menos uno de los padres o abuelos haya nacido en Italia, en contraste con la anterior norma que consideraba hasta a los tatarabuelos.
Cabe destacar que este referendo no aborda la ley migratoria actual, que estipula que los niños nacidos en Italia de padres extranjeros deben esperar a cumplir 18 años para poder pedir la nacionalidad.
Paralelamente, también se vota para abolir cuatro leyes que han liberalizado el mercado laboral, un esfuerzo impulsado por el sindicato CGIL. Esta organización busca recuperar medidas de protección que fueron eliminadas y que benefician a los trabajadores en términos de contratos precarios, despidos y accidentes laborales.
La participación de los ciudadanos está siendo alentada por diversas figuras, incluyendo a Giovanni Puccini, un joven de 18 años que votó por primera vez y enfatizó la importancia de ejercer este derecho, y Pierre Donadio, de 21 años, quien se mostró a favor de flexibilizar las leyes de naturalización. Además, el rapero Ghali, nacido en Milán de padres tunecinos, ha utilizado su plataforma para instar a sus seguidores a votar, apuntando a la realidad de muchos que, aunque viven en Italia desde hace años, aún no tienen el reconocimiento como ciudadanos.
El Partido Demócrata, a pesar de haber adoptado algunas de las medidas que se buscarían suprimir en la votación, está intentando recuperar el apoyo del electorado obrero en un contexto donde las encuestas lo colocan con un 23% en intención de voto, aún por debajo del 30% de Meloni. En este complejo escenario político, la decisión de los italianos en las urnas podría marcar un cambio significativo en la política de nacionalización y derechos laborales del país.
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