La reciente iniciativa para expedir la Ley General de Aguas y reformar disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales ha suscitado un amplio debate entre expertos en temas hídricos. Los especialistas consideran que, aunque el reconocimiento del agua como un bien estratégico y un derecho humano es un avance significativo, esta propuesta podría incrementar la burocracia y fomentar la informalidad en la gestión del recurso hídrico.
José Antonio Cortés Lara, investigador del Colegio de la Frontera Norte, subraya que, a pesar de la intención de reconocer los derechos de los 28,000 comités comunitarios de agua en zonas rurales e indígenas, la falta de respaldo jurídico y recursos económicos para su funcionamiento representa un obstáculo crítico. En sus propias palabras, la promesa de permitirles gestionar el agua no se alinea con la realidad de que carecen de los medios para costear concesiones y mantener la infraestructura necesaria.
De forma preocupante, el proyecto no aborda de manera efectiva la sustentabilidad ambiental ni los caudales ecológicos, imprescindibles para preservar los flujos naturales de los ríos. La voz de Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), se alza para criticar la propuesta de prohibir la transferencia de concesiones. Este planteamiento puede impactar negativamente a pequeños usuarios, quienes, en situaciones como la venta de propiedades, se verían obligados a devolver concesiones a la Conagua, afectando su viabilidad económica.
Ocampo advierte que esta medida puede elevar los costos operativos y fomentar la informalidad, perpetuando malas prácticas en un sector que ya enfrenta problemas de supervisión e inspección. La falta de regulaciones adecuadas podría llevar a un aumento de operaciones ilegales, al no corregir los problemas fundamentales que originan estas prácticas.
Por su parte, Raúl Rodríguez, presidente del Consejo Consultivo del Agua, destaca que, a pesar de la inclusión de un capítulo sobre delitos hídricos que endurece las sanciones por robo o extracción ilegal de agua, estas medidas por sí solas no bastan. Rodríguez enfatiza que es crucial fortalecer la inspección y supervisión, áreas que han quedado debilitadas debido a políticas de austeridad. La escasez de inspectores encargados de supervisar pozos y detectar extracciones ilegales limita la capacidad del Estado para prevenir delitos relacionados con el agua.
A medida que se desarrolla el debate sobre esta ley, es evidente que se requiere un enfoque más profundo y mejor respaldado financieramente para abordar los desafíos relacionados con la gestión del agua en México. A la fecha de publicación original, el 10 de octubre de 2025, estas cuestiones siguen generando preocupación y cuestionamientos sobre el camino a seguir en la regulación hídrica del país.
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