Reforman Código Fiscal para prisión a factureros.

El miércoles por la noche, el pleno de la Cámara de Diputados se unió en un histórico y decisivo momento: con 348 votos a favor y 130 en contra, se aprobó en lo general el dictamen de reforma al Código Fiscal de la Federación. Este cambio legislativo busca dotar al fisco de mayores facultades para combatir la creciente problemática de las “factureras”, aquellas entidades que emiten comprobantes fiscales falsos con el objetivo de engañar a la Administración Tributaria.

La reforma está diseñada para alinear el Código Fiscal con el artículo 19 de la Constitución, permitiendo la aplicación de prisión preventiva oficiosa a quienes estén vinculados a procesos por actividades relacionadas con la generación de falsos comprobantes fiscales. Tal marco legal implica que un comprobante fiscal se considerará falso si no respalda operaciones o actos jurídicos reales. De este modo, la autoridad fiscal no solo podrá presentar denuncias contra los contribuyentes infractores, sino que también contará con la potestad de negar la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) a las personas morales si se detecta que sus socios han participado en empresas involucradas en la facturación engañosa.

Una de las medidas más innovadoras es la implementación de visitas domiciliarias exprés, donde el fisco podrá verificar la autenticidad de los comprobantes fiscales en un plazo de 24 días. Además, si se establece que un contribuyente está emitiendo estos comprobantes fraudulentos, la autoridad fiscal podrá restringir de manera definitiva sus certificados de sello digital e incluso proceder por la vía penal.

En atención a las plataformas digitales, la reforma también busca que empresas como DiDi y Amazon proporcionen al fisco acceso en tiempo real a información necesaria para ratificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Este elemento es crucial, ya que podría llevar al bloqueo de dichas plataformas en caso de que se detecten irregularidades.

La iniciativa no se limita a los problemas de facturación. También se contempla la lucha contra la comercialización ilegal de hidrocarburos, estableciendo restricciones temporales a los certificados de sello digital para las empresas del sector energético que emitan comprobantes sin el número de permiso correspondiente de la Comisión Nacional de Energía.

Desde la tribuna, Carol Antonio Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, resaltó que estas modificaciones están orientadas a combatir prácticas ilícitas y a asegurar que los recursos tributos sean recaudados adecuadamente para el beneficio social.

Sin embargo, la respuesta de la oposición al dictamen fue contundente. Los legisladores de diversos partidos sostienen que estas nuevas facultades otorgan al fisco un poder excesivo, casi como un “Gran Hermano” que supervisa sin dar espacio a la defensa de los contribuyentes. La diputada de Movimiento Ciudadano, Elizabeth Núñez, criticó que la reforma podría lesionar derechos fundamentales, promoviendo un “estado fiscal autoritario que sanciona sin previo aviso”.

Asimismo, el diputado del PAN, Héctor Saúl Téllez, enfatizó que esta nueva regulación no combate adecuadamente el fenómeno del huachicol fiscal. En cambio, lo describió como un “Código Fiscal espía”, que podría afectar la certidumbre jurídica y desincentivar la inversión en el país.

La discusión sobre los detalles específicos de la reforma comenzará pronto, ya que el dictamen ahora se encuentra en la fase de análisis de los artículos reservados. Con el futuro fiscal del país en juego, la atención pública se dirige a los próximos pasos en esta significativa transformación legislativa.

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