El reciente incremento al salario mínimo en México está marcando un cambio significativo en la vida de las personas más vulnerables del país. Con un nuevo salario diario que alcanzará los $315.04 pesos en la zona general y hasta $440.87 en la frontera norte durante 2026, se confirma una tendencia de transformación estructural que ha sido necesaria tras décadas de estancamiento.
Históricamente, el salario mínimo había funcionado como un indicador limitado, rezagado frente a la inflación. Este fenómeno, que se prolongó desde los años ochenta hasta 2018, erosionó el poder adquisitivo de la población. En 2014, más del 45% de los mexicanos recibían ingresos laborales por debajo del costo de la canasta alimentaria, un dato alarmante que evidenció la incapacidad del salario mínimo para cubrir las necesidades básicas.
En un contexto de hiperinflación, la contención del salario mínimo podría haber tenido sentido para evitar el efecto faro, es decir, el aumento de precios anticipatorio ante incrementos salariales. Sin embargo, en la década de los noventa, cuando las inflaciones comenzaron a estabilizarse, se tomó la decisión ideológica de no utilizar el salario mínimo como una herramienta para impulsar los salarios más bajos. A principios del siglo XXI, mientras otras economías adoptaban el salario mínimo como una estrategia de reconciliación laboral, México se rezagaba.
Desde 2019, el panorama ha cambiado drásticamente. El salario mínimo ha experimentado un crecimiento sostenido, aumentando más del 154% en términos reales desde 2018, lo cual se ha traducido en una notable reducción de la pobreza. De los 13.4 millones de personas que lograron salir de la pobreza, se estima que 6.64 millones lo hicieron gracias a los aumentos en el salario mínimo. Esta tendencia también contribuye a una mejora sustancial en las condiciones de vida de muchas familias.
Más allá de sus efectos directos, los datos indican que estas políticas no han resultado en las preocupaciones por efectos adversos en la economía. La creación de empleo formal se ha mantenido estable, y los estudios recientes no han identificado presiones inflacionarias atribuibles a la subida del salario mínimo. Esto se debe, en gran parte, al rezago histórico que ha existido entre el salario y la productividad.
No obstante, es fundamental reconocer que el salario mínimo no puede ser la única solución. Su efectividad y sostenibilidad dependen de su articulación con políticas que incrementen la productividad, faciliten la formalización del trabajo, y apoyen a las micro, pequeñas y medianas empresas en sus esfuerzos de modernización.
El nuevo salario mínimo no resuelve todos los desafíos del mercado laboral mexicano. Sin embargo, redefine su base, posicionándose como una pieza clave en el modelo de prosperidad compartida, que busca equilibrar el bienestar social con un crecimiento económico sostenible. Así, México avanza hacia un futuro donde el ingreso mínimo se configure no solo como una ayuda, sino como un primer paso hacia una mejor calidad de vida para todos.
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