La reciente oleada de protestas de agricultores que ha llevado a bloquear 30 carreteras en México pone de manifiesto un problema multifacético que va más allá del simple descontento por los precios del maíz. En medio de la actual crisis agrícola, que se ha apoderado de 18 estados, las quejas incluyen inseguridad, falta de acceso al agua, intermediación injusta y la desleal competencia de productos importados, especialmente de Estados Unidos.
Desde 2015, la producción nacional de maíz ha caído un 3.7%, mientras que las importaciones han visto un aumento alarmante del 78%. Se prevé que en 2025 se pulvericen los récords de importación, habiendo ya adquirido 16.8 millones de toneladas de maíz amarillo en los primeros ocho meses del año, a un costo que ronda los 3,573 millones de dólares. La mayoría de este maíz es transgénico y tiene su origen en Estados Unidos.
El precio del maíz, que descendió de 7,000 pesos por tonelada en 2022 a 5,200 pesos en 2025, refleja una situación crítica para los productores, cuyo costos de producción han aumentado cerca del 50% durante el mismo periodo. Este colapso de precios ha provocado la indignación en un sector que siente que sus necesidades no están siendo debidamente atendidas por el Gobierno.
El Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, aunque cuenta con una amplia experiencia en temas agrícolas, enfrenta una realidad complicada. Su primera propuesta de apoyo —850 pesos por tonelada— fue rechazada, ya que los productores demandan 1,000 pesos más para alcanzar un precio justo de 7,000 pesos, un monto que supera en más de un 30% el promedio en el mercado de futuros de Chicago.
El uso de precios de referencia internacionales, como los de Chicago, es un arma de doble filo. Si bien los procesadores de maíz lo emplean como un mecanismo transparente, también resalta la diferencia entre el maíz blanco, más consumido en México, y el maíz amarillo, que es más adecuado para la industria ganadera y de procesamiento.
Es notable que cualquier alza en el precio del maíz no solo afecta a los productores, sino también a la inflación del país. Las manifestaciones, que dislocan puntos estratégicos del país y paralizan la economía de miles, son una advertencia seria de que se necesita un cambio significativo.
Los campesinos, que han alzado su voz y bloqueado las carreteras, no solo luchan por un precio justo; también exigen el cese de la competencia desleal. Sin embargo, la respuesta del Gobierno, que enfrenta retos fiscales importantes, podría no ser suficiente. Los problemas son complejos: la seguridad, el acceso al agua, el envejecimiento de la fuerza laboral rural y los efectos negativos del cambio climático, como sequías e inundaciones, siguen sin resolverse.
Así, mientras la lucha por el maíz toma un cariz simbólico y estratégico, las soluciones requieren más que simples incrementos en incentivos. Es evidente que las demandas de un sector vital para el país exigen no solo atención inmediata, sino un enfoque holístico que aborde de raíz las múltiples adversidades que enfrenta el campo mexicano.
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