La reciente presentación del Informe Mundial 2026 por parte de Human Rights Watch (HRW) ha generado un profundo revuelo en México, al alertar sobre un grave retroceso democrático durante el mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador. La organización destaca que este periodo se caracterizó por un significativo deterioro de la independencia judicial, la falta de transparencia y el debilitamiento del Estado de derecho.
Con la llegada de Claudia Sheinbaum Pardo, quien se convirtió en la primera mujer presidencial en octubre de 2024, la situación de los derechos humanos en el país no ha mejorado. Sheinbaum hereda serios desafíos, incluyendo una alarmante violencia criminal y evidentes abusos por parte de las fuerzas militares. Las tasas oficiales de homicidios en 2024 fueron sobrecogedoras, con más de 25 asesinatos por cada 100,000 habitantes, situando a México entre las naciones con los niveles más altos de violencia en el mundo.
Entre las críticas de HRW se encuentra la reelección de Rosario Piedra Ibarra al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esta posición, supuestamente independiente, ha demostrado una falta de rigor en la supervisión de las acciones del gobierno en su primer mandato. Esto ha suscitado dudas sobre la capacidad del organismo para verdaderamente proteger los derechos humanos en un contexto tan crítico.
Un aspecto que HRW considera preocupante es la reforma judicial impulsada por los gobiernos de López Obrador y Sheinbaum, que obliga a todos los jueces del país a postularse a elecciones. La organización advierte que esta enmienda podría socavar la independencia del sistema judicial al no abordar las barreras que enfrentan los mexicanos para obtener justicia. Las primeras elecciones judiciales han evidenciado una baja participación y serias dudas sobre la integridad del proceso electoral.
Adicionalmente, el informe menciona la tortura como un problema persistente, con más de 3,177 incidentes documentados, afectando a alrededor de 4,100 víctimas entre 2019 y 2025. Policías, fiscales y soldados han sido señalados como responsables, lo que pone de manifiesto una grave falta de rendición de cuentas.
La situación es aún más sombría con respecto a las desapariciones forzadas, ya que en 2025, más de 130,000 personas seguían desaparecidas en México. Este fenómeno, en aumento, ha devastado a múltiples familias y comunidades, dejando una huella imborrable en la sociedad.
Con un panorama que sonríe poco a la esperanza de un futuro más justo y seguro, queda claro que la lucha por los derechos humanos en México enfrenta retos colosales, que exigen atención y acción urgente por parte de autoridades y ciudadanos. La persistencia de la violencia, el abuso de poder y la falta de efectividad en las instituciones han sembrado un desasosiego que cobra eco en la voz de organizaciones internacionales y ciudadanos comprometidos con el Estado de derecho.
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