La batalla judicial entre Ricardo Salinas Pliego y la autoridad fiscal mexicana ha alcanzado un punto crítico. El pasado 23 de enero de 2026, expiró el plazo para que el empresario formalizara el pago de su deuda con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que asciende a 51,000 millones de pesos debido a recargos acumulados durante 17 años. Este vencimiento lo sitúa en una encrucijada: si hubiera cumplido con esta obligación, podría haberse acogido a un reajuste del 39%, reduciendo su deuda a aproximadamente 30,000 millones de pesos, cifra más manejable en comparación con los 36,000 millones que originaron años de litigios.
Sin embargo, Salinas Pliego decidió ausentarse de la ciudad durante el fin de semana, lo que genera incertidumbre sobre su estrategia, aunque sus comentarios en redes sociales sugieren que se niega a ceder. Su futuro parece oscurecerse a medida que se acerca la posibilidad de un embargo, medida que se implementará en caso de que se confirme el impago. Las deudas abarcan periodos fiscales entre 2008 y 2013 y están relacionadas con la incorrecta contabilización de las pérdidas en su empresa Elektra.
A lo largo de este proceso, el empresario ha agotado múltiples vías legales para evadir el pago, pero todos los intentos han sido desechados por los tribunales, siendo ratificados por la Suprema Corte en noviembre del año pasado. Enmedio de esta presión, la reciente modificación legislativa sobre el recurso de amparo ha cerrado muchas de las puertas que antes le permitían eludir responsabilidades fiscales. Esta reforma fue impulsada por la actual administración, que busca aumentar la recaudación fiscal y reducir la evasión tributaria, logrando un incremento del 4.8% en los ingresos públicos en el último año.
De no presentar el pago exigido el lunes siguiente, las autoridades avanzarán hacia un requerimiento formal, que podría desencadenar en la ejecución de un embargo sobre sus propiedades. Esta situación podría resolverse a finales del año, según prevén los expertos.
Salinas Pliego, quien es conocido como uno de los hombres más poderosos y ricos de México, ha llevado su conflicto a niveles internacionales. En enero, presentó una denuncia contra el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por lo que considera una persecución política. Sin embargo, este movimiento, aunque llamativo, probablemente no influirá en su situación inmediata.
El empresario ha intensificado su presencia en el ámbito político, coqueteando con una oposición que busca articular una respuesta a la mayoría morenista. Recientemente, realizó una gira en Estados Unidos para destacar el valor de sus empresas, eventos que parecen un intento por distorsionar el enfoque sobre sus problemas legales. Durante este periodo de tensión, su imagen mediática se ha fortalecido, convirtiéndose en un protagonista visible de la oposición mexicana, aunque sus derrotas en los tribunales continúan acumulándose.
A medida que se intensifican las maniobras legales y políticas, la fecha de vencimiento para resolver su situación fiscal se aproxima, y el Estado se prepara para ejercer su derecho a recaudar la deuda acumulada en un proceso que, sin duda, marcará un hito en la confrontación entre el poder empresarial y las instituciones fiscales en México.
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